En un movimiento que marca una distancia institucional con el organismo nacional de control, la Junta Departamental de Salto resolvió en su sesión ordinaria del 16 de octubre de 2025 rechazar las conclusiones emitidas por la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) respecto a la polémica designación del Director de Obras de la Intendencia.
INFORME JURÍDICO
El plenario abordó el informe de la JUTEP luego de que el caso, que refiere a la designación del hijo del Secretario General y suplente del Intendente, generara un intenso debate público. Sin embargo, la mayoría de la Corporación Departamental optó por desestimar las observaciones del organismo nacional. La decisión se basó en un informe jurídico elaborado por la Asesora Jurídica de la Junta, la Dra. Cecilia Eguiluz. Este informe sostiene que las conclusiones de la JUTEP «no se ajustan a derecho» y que se «omitieron elementos normativos fundamentales» en su análisis. El punto clave de la argumentación jurídica radica en que la JUTEP habría pasado por alto el Presupuesto Departamental vigente (Decreto N° 7.327/2021), que es el instrumento que define y regula la estructura orgánica de la Intendencia de Salto.
LA DEFENSA
El informe jurídico que respaldó la decisión de la Junta defiende que la designación fue realizada conforme a las facultades constitucionales que le asisten al Intendente, citando los artículos 277, 279 y 280 de la Constitución de la República. El cuerpo deliberativo departamental considera que la actuación se enmarca dentro de la estructura establecida por la normativa departamental, lo que legitimaría la acción del Ejecutivo Comunal. Tras el análisis y el debate, la Junta Departamental adoptó una serie de resoluciones contundentes:
-Rechazar formalmente las conclusiones de la resolución N° 338/2025 de la JUTEP.
-Remitir a la JUTEP la resolución de la Junta, el informe jurídico que la fundamenta y las versiones taquigráficas completas de la sesión para su conocimiento.
-Comunicar la decisión al Intendente de Salto, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y a los medios de comunicación, buscando dar amplia difusión al pronunciamiento. La Junta Departamental concluyó reafirmando su «compromiso con la defensa de la institucionalidad, el respeto al orden jurídico y la transparencia» en el ejercicio de la función pública, aunque en este caso, su interpretación legal difiere claramente de la JUTEP. El episodio marca una escalada en la disputa sobre la legalidad de la designación, trasladando el peso de la controversia del ámbito departamental a un debate de índole constitucional y legal con las instituciones nacionales.
LLAMADO A SALA
La controversia en torno a la designación del hijo del Secretario General y suplente del Intendente de Salto, Carlos Albisu, suma un nuevo capítulo. La bancada de ediles del Frente Amplio emitió una declaración condenando el reciente accionar de la Junta Departamental e informando que impulsará un nuevo llamado a sala al Intendente, buscando que rinda cuentas a la ciudadanía. Ante lo sucedido, los ediles frenteamplistas resolvieron impulsar un nuevo llamado a sala al Intendente Albisu. El objetivo central es que el jerarca brinde «las explicaciones correspondientes» a la población. Esta exigencia surge también como respuesta directa a las declaraciones previas de Albisu, quien en una conferencia de prensa había calificado las acusaciones como una «persecución política».
