Por Andrés Torterola
El pasado 6 de noviembre ingresó una solicitud amparada en la Ley de Acceso a la Información Pública, registrada bajo el expediente N.º 106710/2025, mediante la cual un abogado de Salto pidió a la Dirección de Tránsito una serie de diez preguntas vinculadas al accionar de esa repartición municipal.
PREOCUPACIÓN
La preocupación del profesional y de sus representados surge ante la posibilidad de que existan irregularidades similares a las detectadas en la administración anterior. El planteo se originó a partir de un episodio en el que inspectores de tránsito detuvieron el vehículo de una mujer y lo trasladaron a la sede de Tránsito. La propietaria realizó los trámites correspondientes y, al presentarse a retirar su auto, advirtió que en la documentación entregada por la Intendencia se le estaba cobrando el desplazamiento y el servicio de grúa, a pesar que el vehículo había sido conducido hasta las dependencias municipales por un funcionario de Tránsito y no por una grúa. La contribuyente reclamó por el procedimiento y los funcionarios le respondieron que se trataba de un servicio incluido dentro de la multa. “A mí nadie me trajo el coche con una grúa; fue el inspector quien manejó conmigo en el auto hasta la pista”, dijo la propietaria. Esto es un impuesto y hay que pagarlo habrían contestado los funcionarios.
GARANTIZAR TRANSPARENCIA
La solicitud presentada por el abogado fue realizada en representación de un cliente cuya identidad se mantiene en carácter de reservada. El pedido establece que la información deberá ser entregada en formato papel y con los sellos correspondientes de la Intendencia, tal como lo exige la normativa vigente para estos trámites. El documento incluye varios ítems, entre ellos un punto referido a la eventual compatibilidad de funciones de algunos trabajadores de la Dirección de Tránsito. El planteo apunta a determinar si existen trabajadores que, además de cumplir tareas dentro de la repartición municipal, desarrollen actividades privadas relacionadas directamente con su función pública, situación que podría generar conflictos de intereses o vulnerar disposiciones éticas y administrativas.
TIEMPO Y DEVOLUCIÓN
El profesional sostiene que es necesario verificar estas circunstancias para garantizar transparencia en el accionar de la dependencia y despejar cualquier duda sobre prácticas que eventualmente pudieran comprometer la correcta actuación del servicio público. En otro orden, la solicitud también incluye consultas vinculadas a los costos que debe afrontar una persona cuando su vehículo es incautado por falta de documentación, así como los plazos que demanda la realización del trámite y la posterior devolución del rodado. Según información brindada a CAMBIO, estos procedimientos suelen demorar aproximadamente 15 días. Sin embargo, por razones que aún no han sido aclaradas, algunos casos se estarían resolviendo en un lapso de apenas 24 horas.
SE ANALIZARÁ
Consultado al respecto el director de Movilidad Urbana, Alberto Subí, dijo que está al tanto de la solicitud y que tras haber hecho consultas a los encargados del cuerpo inspectivo se le informó que “es imposible” que el auto no haya sido trasladado en una grúa. De todas maneras, el jerarca dijo que se investigará y en caso de comprobarse la veracidad de lo que relata la usuaria, se le iniciaría de inmediato un sumario al funcionario en cuestión.
