Ojalá que así sea
Por el Dr. César Suárez
En el mes de mayo próximo se cumplirán 30 años de la primera publicación de mis columnas semanales en Diario Cambio y en ellas he recorrido temas diversos sin seguir ninguna línea específica y dentro de esa variedad también he abordado temas políticos, pero jamás he incursionado en política partidaria y pretendo mantenerme en esa postura, sin embargo, yo como cualquiera tengo mi opinión política bien definida en que cosas estoy de acuerdo y en qué cosas no, independientemente del origen de las ideas.
Ahora que estamos, una vez más, cercanos a una elección municipal me gustaría expresar mi postura en relación a diversos temas vinculados a los gobiernos departamentales.
Cada departamento del Uruguay tiene de acuerdo a lo que marca la constitución de la república, una administración independiente con autoridades elegidas en forma democrática, actualmente cada 5 años, con el fin de administrar y gestionar las políticas de convivencia ciudadana, atenerse a las leyes constitucionales y generar normas de convivencia lo más justas posibles, generando un sistema impositivo propio para obtención de recursos, centrados básicamente en tarifas aplicadas a las propiedades inmobiliarias ajustadas al valor de cada propiedad, patentes de vehículos con los mismos criterios y otras tasas vinculadas al comercio, a las propiedades rurales, a semovientes, entre otras que le dan el sustento para cumplir con cada uno de sus cometidos intentando mantener un equilibrio razonable entre ingresos y egresos.
A su vez, el gobierno central, aporta a las arcas municipales, recursos de rentas generales producto de recaudación de impuestos en todo el país.
Como siempre, en cualquier parte del mundo, la demanda de recursos es notoriamente mayor que la disponibilidad y jamás se puede cumplir con las necesidades y expectativas que expresan todos los ciudadanos, pero mucho menos alcanza, cuando la administración de recursos no es justa y ordenada.
Cada intendencia tiene la responsabilidad de encargarse del ordenamiento y planificación territorial, de la geografía y del diseño urbano y la vigilancia del cumplimiento por los ciudadanos de cada una de las normas, fijar normas de tránsito y vigilar su cumplimiento
Debe cuidar del estado de las calles de cada conglomerado habitacional y del buen estado de los caminos rurales, de la limpieza de cada uno de los poblados.
Debe generar y apoyar los emprendimientos culturales, mantener los símbolos históricos provenientes del pasado y mantener viva la historia que le dio origen.
Debe tener iniciativas vinculadas al progreso cultural, material y de bienestar ciudadano y disponer de mecanismos para la asistencia de los más desvalidos sobre todo en alimentación y vivienda.
Para todo esto se necesita gente, personas capacitadas para cumplir con todos estos propósitos.
Cada intendente elegido en cada elección, debe rodearse de gente capacitada y de confianza en los cargos de gestión, pero para el resto se debe tener claro que cada intendencia no es una agencia para promover empleos y menos, colocar gente a dedo por conveniencia política a cambio de votos ni para pagar favores políticos, en esas actividades deben estar los mejores tanto en conocimiento como en actitud.
Por suerte en el parlamento nacional está a consideración de una ley para el ingreso por concurso para los puestos necesarios que tengo la esperanza que se vote ahora, antes que comiencen las próximas gestiones municipales de los que son elegidos en cada departamento y que en cada lugar, sólo ocupen esos lugares los funcionarios capaces, necesarios para que la gestión pueda dedicar la mayor parte de sus recursos a cumplir con las necesidades reales que necesita nuestra ciudadanía.
Por otra parte, esa ley le quitará presión al que ejerce el cargo de Intendente cuando alguien le solicita o le exigen un puesto por cuota política, en ese caso se podrá atener a lo que marca la ley a través de concursos debidamente reglamentado al igual que sorteo para los puestos menos calificados, todo debidamente supervisado por un jurado independiente y la vigilancia, activa y necesaria por parte de las ciudadanos, instituciones, partidos de la oposición y de los sindicatos municipales para evitar desvíos de lo que marque la ley.
Ojalá que así sea.