Por el Dr. César Signorelli
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El Proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para resolver el problema financiero de la Caja de Profesionales ha recibo el rechazo de prácticamente todas las gremiales de profesionales universitarios, como así también de la academia especializada.
Los argumentos se centran en los siguientes ejes.
Se imponen exigencias desproporcionadas a nuevas generaciones, así como a los actuales activos y pasivos, sin atender criterios de equidad ni considerar su impacto global en la sostenibilidad del sistema, en tanto se establece un nuevo gravamen a las pasividades, ya afectadas por el IASS, lo que llevaría a un mayor deterioro de las condiciones de vida de los jubilados.
En la misma línea, se incrementa el aporte de los activos, lo que seguramente habrá de generar un efecto contrario al esperado, o sea una menor recaudación por aumento de declaraciones de no ejercicio, cambios de categoría o retiros anticipados.
Se han presentado posibles alternativas, como actualizar el valor de los timbres profesionales en base al Índice Medio de Salarios Nominales y revisar exoneraciones que no tendrían sentido, incorporar nuevas profesiones, explorar mecanismos que no recaigan exclusivamente sobre los actuales contribuyentes y medidas que contribuyan a desestimular el uso extendido de la figura de declaración de no ejercicio, lo que promueve una participación más equilibrada y solidaria.
También se propone sustituir el sistema de ingresos fictos por uno que se base en ingresos reales, lo que reflejaría en forma más justa, real y proporcional la capacidad contributiva de los profesionales.
El artículo 67 de la Constitución dispone claramente que se debe garantizar el derecho a la jubilación y que su financiación recaerá en las contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley y la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuere necesario.
Y en este punto existe una suerte de cuello de botella cultural sobre el cual conversábamos en forma reciente con el Director de este prestigioso medio, que consiste en una fuerte resistencia a que se destinen fondos del Estado a financiar la jubilación de los profesionales, cuando todo el sistema de la Seguridad Social que recae en el BPS lo recibe. Esto es consecuencia de una visión equivocada de que los profesionales no forman parte del mundo del trabajo.
Y esta visión penetra incluso en las gremiales de profesionales, que aunque lo consideran insuficiente, hacen especial hincapié en valorar el aporte del Estado, cuando en realidad -como viene de verse- es una obligación constitucional. Es más aún, la asistencia directa prevista en el proyecto de ley representa apenas un 80 % de lo que los pasivos de la CJPPU aportan al BPS por IASS, de modo que en realidad la asistencia proviene casi en su totalidad de un impuesto que se les cobra a los propios jubilados universitarios.
