Por Andrés Torterola
Ha pasado un año y cuatro meses desde que Jhonny Ancheta, padre de una niña de 12 años, denunció un grave caso de abuso sexual presuntamente cometido por el propio abuelo de la menor, un hombre de 57 años residente en el barrio «La Esperanza» de la ciudad de Salto. A pesar del tiempo transcurrido y de la gravedad de los hechos, la justicia aún no ha actuado en el caso, lo que genera preocupación y frustración en la familia de la víctima.
EL HECHO
Caber recordar que el hecho ocurrió en Termas del Daymán mientras los padres estaban ausentes, en ese momento el “abuelo” intentó darle una pastilla en un vaso de refresco a la nieta de 12 años, además la intentó manosear amenazándola que no dijera nada, esa noche el abuelo durmió en la sala y la niña en el dormitorio con sus padres. “Al otro día con mi señora nos levantamos temprano y nos fuimos a hacer unos mandados aprovechando que el “abuelo” se había quedado a dormir con nosotros, entonces quedaría al cuidado de nuestros hijos, sus nietos”. Afirmó Ancheta.
ESCUCHADA POR EL JUEZ
En las últimas horas, CAMBIO mantuvo una conversación con el padre de la niña involucrada en el caso, con el objetivo de conocer cuál había sido la resolución judicial tras los hechos denunciados. Sin embargo, la respuesta sorprendió. “Lamentablemente, no se ha avanzado en la causa y mi hija aún no ha podido declarar. Cada vez que se encuentra frente a la fiscal se pone muy nerviosa, comienza a llorar y no logra mantenerse serena, lo cual es fundamental para que su testimonio pueda ser escuchado por el juez”, relató el padre. Ante esta situación, la familia recurrió nuevamente al sistema de atención psicológica, con la esperanza de que la niña reciba el acompañamiento necesario para poder enfrentar el proceso judicial en mejores condiciones emocionales. “Solicitamos una nueva consulta con el psicólogo para el mes de febrero, pero hasta el día de hoy no nos han asignado una fecha. El tiempo sigue pasando y no vemos avances”, agregó. Mientras tanto, la menor continúa sin poder brindar su testimonio, lo que impide que el caso avance hacia una resolución.
DERECHOS Y PROTECCIÓN
En su momento, la Justicia impuso al presunto agresor una medida cautelar que le prohibía acercarse a menos de 500 metros de la víctima, por un plazo de 180 días. Sin embargo, a un año y cuatro meses del hecho denunciado, el acusado continúa en libertad. La niña y su familia residen en Montevideo, lo que ha traído cierta tranquilidad en lo inmediato, debido a la distancia con respecto al presunto agresor. No obstante, la falta de avances concretos en el proceso judicial mantiene a familiares en un estado de incertidumbre y frustración. Una vez más, los tiempos de la Justicia generan descreimiento e indignación en casos especialmente sensibles como este, donde están en juego los derechos y la protección de una menor. La familia sostiene que, por la gravedad de los hechos denunciados y la conducta del implicado, este debería estar enfrentando una condena firme, y no continuar libre mientras el proceso se dilata.
