Por Andrés Torterola
En la última sesión ordinaria de la Junta Departamental de Salto, el edil nacionalista Enzo Molina manifestó su preocupación por una situación que, a su entender, podría comprometer el funcionamiento de algunos servicios esenciales prestados por la Intendencia de Salto. Según expresó el edil, el Ejecutivo departamental ha recurrido con frecuencia al régimen de arrendamiento de servicios o a la contratación de personas bajo la modalidad de monotributo MIDES, en lugar de asignar tareas a funcionarios teniendo en cuenta que la Intendencia cuenta con una plantilla superior a los 1.700 funcionarios, lo cual debería ser más que suficiente para cubrir adecuadamente todas las necesidades operativas del departamento.
AUSENCIA DE GESTIÓN
Molina señaló que, en el marco del proceso de transición que se desarrolla entre el 12 de mayo y el 10 de julio —fecha en la que el nuevo gobierno asumirá funciones en el Ejecutivo departamental—, se ha detectado e informado sobre una situación preocupante que, a su juicio, termina por perjudicar directamente a la ciudadanía. «Es la gente la que queda rehén de estas circunstancias», afirmó, al tiempo que advirtió que esto ocurre cuando hay una mala gestión, una ausencia total de gestión o una falta de responsabilidad a la hora de gobernar. Uno de los servicios que actualmente están siendo cubiertos por trabajadores contratados a través de empresas bajo la modalidad de monotributo es, por ejemplo, el Comedor Municipal. También ocurre lo mismo en el Hogar Universitario, que funciona mediante un convenio con Bienestar Universitario y brinda alimentación a 180 estudiantes. A esto se suma el Hogar Simón Rodríguez, ubicado en el barrio Dos Naciones, destinado a personas adultas mayores, así como los servicios de enfermería y el área de vigilancia, todos sectores sensibles que requieren atención constante.
EXHORTACIÓN AL EJECUTIVO
El edil señaló que el problema radica en que los contratos de arrendamiento de servicios con trabajadores monotributistas tienen vigencia hasta el 30 de junio, mientras que el nuevo gobierno departamental asumirá funciones recién el 10 de julio. Esto generará un período de varios días en el que algunos servicios esenciales podrían quedar descubiertos, afectando directamente a la ciudadanía. «Por ese motivo —expresó Molina—, lo que venimos a plantear en esta instancia es, más que nada, una exhortación al Ejecutivo departamental. Le pedimos que actúe con responsabilidad hasta el último día de su gestión, que gobierne efectivamente hasta el 10 de julio, cuando corresponde entregar el mando. En ese sentido, solicitamos que se tomen las medidas pertinentes para garantizar la continuidad de todos los servicios esenciales». Concluyó señalando que es imprescindible designar a funcionarios de la intendencia para que, una vez finalizados los contratos con los monotributistas, los servicios continúen siendo prestados con normalidad y la ciudadanía no quede desprotegida.
