La apropiación indebida por parte de algunos
y el mal uso mediático y político que hacen otros
Por Daniel Dalmao
El 12 de junio se conoció a través de los medios de comunicación, que la justicia había condenado a tres ex dirigentes sindicales por desvío de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (FOSVOC)
Toda persona que quiera saber que fue lo que paso realmente, se enfrenta a una tarea harto difícil ya que, el manejo por parte de algunos medios de comunicación y de varios dirigentes de los partidos de derecha, tienen una clara intencionalidad política. El objetivo no es informar o manifestar preocupación por los recursos de los trabajadores, es otro obviamente, tiene que ver con la intención del “enchastre político”, la descalificación, el adjudicar culpas sin prueba ninguna. Se les nota, y mucho, la desesperación por golpear a un sindicato, a un partido y a destacadísimos dirigentes del campo popular.
Poco les importa a estos “adalides” de la información y los que se “rasgan” las vestiduras preocupados por la vivienda de los obreros que, conocidos los hechos irregulares, fue el sindicato de la construcción (SUNCA) el primero en tomar medidas. Expulsó a los involucrados y promovió la denuncia ante la justicia. Además aportó elementos que permitieron ampliar la denuncia. La verdad no interesa, sí interesa golpear y golpear, con la esperanza de disminuir la capacidad de lucha de los trabajadores organizados, “esperanza” que deberían sacársela con “peine fino”.
El Partido Comunista de Uruguay (PCU), ante esta campaña difamatoria que acude a la mentira continua, emitió una declaración. Se lee allí que, el PCU “expresa su más firme repudio a la utilización de recursos de trabajadores de la construcción para fines espurios y beneficio personal”, también que “nuestro partido niega de forma contundente haber recibido dinero alguno del FOSVOC. Agrega esta declaración más adelante: “Respaldamos con firmeza a nuestra compañera Laura Alberti y, en ella a nuestros compañeros mencionados por los sujetos condenados. Particularmente a…Oscar Andrade y Daniel Diverio”.
Esta campaña se vio alentada de alguna manera por algunas expresiones del fiscal Gilberto Rodríguez, quien habría, aparentemente, dado por válidas las alusiones de los procesados en cuanto a la ruta del dinero desviado, involucrando al SUNCA y al PCU y que esto se debería a órdenes recibidas de Andrade y Diverio; por tanto estaría pensando convocar a estos legisladores a declarar como imputados. Toda esta “teoría” se cayó rápidamente. Andrade y Diverio se presentaron formalmente mediante un escrito en Fiscalía representados por los abogados Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez. En dicho escrito se ponen a disposición y solicitan se les informe si están en calidad de “imputados”. El fiscal respondió que “hasta el momento que transcurre la investigación” Andrade y Diverio “no se encuentran en calidad de imputados”. Quedan enormes dudas entonces respecto a por qué el fiscal hizo tales declaraciones.
Nos llegó hoy, una columna escrita por el Dr. Ismael Blanco en el portal de “uypress” titulada, “Lawfare: operación contra el Partido Comunista”. Recomendamos su lectura, no tenemos espacio aquí para referirnos a varios pasajes de dicha columna que nos parecen de una lógica impecable e irrebatible. Pero el centro de la argumentación sería explicitar que, de las declaraciones iniciales del fiscal se derivaría una inversión del principio de inocencia. ¿Dónde quedaría entonces aquello de, “toda persona es inocente hasta demostrarse lo contrario?
Todo esto pasará y quedará probada la falsedad de las acusaciones. Pero una parte del daño ocasionado quedará, por lo menos en un sector de nuestra sociedad. ¿Este es el camino político elegido por buena parte de la derecha uruguaya? ¿A estos niveles de contagio de las prácticas de la ultraderecha internacional han llegado?
