Según la real Academia Española la eutanasia “es la intervención deliberada para poner fin a una vida sin perspectiva de cura”. Actualmente en nuestro país está prohibida; no se permite ni la eutanasia activa (provocar la muerte de un paciente) ni la eutanasia pasiva (retirar tratamientos que prolongan la vida), pero el próximo martes 12 de agosto la cámara de diputados pondrá a consideración el proyecto de ley de Eutanasia, hoy denominado “de muerte digna”, el que ya cuenta con media sanción en el senado. Independientemente de cuestiones filosóficas, el proyecto -aprobado en el senado y a votarse en diputados- encierra “vacíos” legales y una falta de garantías “pocas veces vista en la legislatura uruguaya”. Así lo hizo saber el Dr. Hoenir Sarthou, principal referente del Movimiento Uruguay Soberano en dialogo con el programa Nuevo Tiempo, de Radio Salto.
FIGURA DEL VERDUGO
Sarthou, que se define como alguien que no se opone a la eutanasia, entiende que el proyecto en discusión cuenta con una falta de garantías que pone en riesgo a toda la ciudadanía. Para él, la muerte voluntaria de una persona “tiene que estar rodeada de garantías, porque estamos hablando del derecho más importante de una persona, que es el derecho a la vida”, y con este proyecto, nuestro país, habilita nuevamente “el permiso para matar (…) puesto que habrá una categoría de personas, que son los médicos, que estarán autorizados a matar a otras y además es quien determina si estás en condiciones de que se te quite la vida”.
CONFLICTO DE INTERESES
“El gran problema que tiene este proyecto es que todo el procedimiento está en manos de muy pocas personas, todas dependientes de la institución médica donde se produzca el acto, y esto es muy serio porque hay un conflicto de intereses, objetivo, económico entre la institución médica y los intereses del paciente ¿Por qué?: Porque la institución médica hoy tiene la obligación de proporcionar los tratamientos, la internación en CTI, brindar los cuidados paliativos, etc, que son costosos, muy caros ¿Y qué es más económico para la institución médica?”, se preguntó y respondió: “Que el paciente opte por matarse, porque la institución se ahorra todo ese tiempo de cuidados muy caros. Entonces dejar en manos de una institución que se beneficia si el paciente muere, es muy grave y peligroso”, afirmó.
NO INTERVIENE LA JUSTICIA
El abogado explicó además que el proyecto no hace “absolutamente ninguna consulta a un juez para que supervise si se están cumpliéndolos requisitos: Nada! Y tampoco hay una evaluación sicológica o psiquiátrica del paciente. Es decir, no prevé que ningún especialista en salud mental entreviste al paciente y lo examine para ver si está en sus cabales, así está actuando libremente”, explicó. “Yo no puedo desalojar a un inquilino sin intervención de un juez, no me puedo divorciar, no puedo cobrar un despido laboral, no puedo declarar incapaz a alguien, pero sí podré matarlo”, reflexionó.
“TODOS TENEMOS UN PROBLEMA”
Sarthou explicó también que el proyecto tampoco prevé que haya que informarle a la familia sobre la decisión, y el acto a llevar a cabo, y consideró inaceptable que con solo una firma de “declaración de voluntad”-que puede firmarla cualquier persona-, sea suficiente para quitarle la vida a la persona.
