Por Leonardo Vinci.
Los países tienen leyes que de alguna manera contemplan la legítima defensa, pero en varios estados norteamericanos- especialmente en Florida- a los ciudadanos se le reconocen mayores derechos cuando se trata de usar armas para defenderse.
Una ley basada en la doctrina del castillo- originada en el Reino Unido- establece que la casa de un individuo es su «castillo» y que él tiene derecho a defenderse y utilizar fuerza letal contra alguien que entre ilegalmente, e incluso mientras exista un temor razonable de que termine el violento episodio con muerte o graves daños.
Los partidarios de la doctrina del castillo afirman que además de salvaguardar los derechos legales de las personas inocentes obligadas a defenderse en situaciones donde se pone en riesgo su vida, la ley también disuade a la delincuencia, según el periodista de la BBC News, William Márquez.
En nuestro país, la LUC modificó las normas relacionadas con la legítima defensa, otorgando más derechos al ciudadano para defender su «castillo».
Ahora, le ley establece que «Se halla exento de responsabilidad el que obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro…» cuando «Aquel que defiende la entrada de una casa habitada o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias. Se considerarán dependencias de la casa, en las zonas urbanas: los balcones, terrazas, azoteas, parrilleros, barbacoas, jardines, garajes y cocheras o similares, siempre que tengan una razonable proximidad con la vivienda. Además, se considerarán dependencias de la casa en zonas suburbanas o rurales: los galpones, instalaciones o similares que formen parte del establecimiento, siempre que tengan una razonable proximidad con la vivienda.»
En la Comisión que estudió el Proyecto de la LUC, en presencia del entonces Ministro del Interior Jorge Larrañaga, se señaló que el país estaba atravesando una situación de emergencia en materia de seguridad y lo que movía a las modificaciones propuestas era un cambio de paradigma.
En dicha oportunidad el Sub Secretario dijo que la nueva redacción de la ley «va a amparar, por ejemplo, a quien lo hace para evitar el robo del producido en varias jornadas de trabajo, que es el sueldo para mantener a su familia o el dinero destinado para el pago de los sueldos de sus trabajadores».
Sin tener en cuenta esos argumentos, el Pit Cnt y el Frente Amplio quieren derogar esta norma, o sea, volver a los tiempos de Bonomi.
Pareciera que la izquierda- en situaciones extremas- quisiera defender la integridad del delincuente, pretendiendo que las personas de bien, al ser atacadas, queden quietas, no presenten resistencia y se dejen robar.
La LUC también establece que se halla exento de responsabilidad «El funcionario del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa Nacional que, en ocasión o con motivo del cumplimiento de sus funciones, repele una agresión física o armada… empleando las armas o cualquier otro medio de defensa en forma racional, proporcional y progresiva, en cuanto eso sea posible, y en las mismas circunstancias agote previamente los medios disuasivos que tenga a su alcance, sin perjuicio de la prueba en contrario.»
Recordamos que Larrañaga señaló en su momento: «Nosotros sentimos que durante los últimos años, se fue perdiendo el respeto por la autoridad pública, el respeto por la policía. Ha habido una presunción política e ideológica en contra de la policía… Siempre hemos dicho, lo reafirmamos y lo vamos a llevar adelante: hay que cuidar a los que nos cuidan…»
Así de sencillas son las cosas.
O se defiende a los delincuentes o a las personas de bien, honradas y decentes.
