Por el Dr. César Signorelli
En los últimos casi dos años nuestro país viene siendo objeto de una intensa y célere transformación legislativa.
Recordemos que como ya diéramos cuenta en otra columna, el Poder Legislativo promovió el PROMOLE (Programa de Modernización Legislativa) con la finalidad de derogar leyes obsoletas, de complicada interpretación o incongruentes con otras normas, identificar leyes que resultan inaplicables en la práctica, como así también proponer la modificación o derogación de leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales. El programa previó también adaptar el ordenamiento jurídico nacional a la realidad de este siglo, incorporando y aprovechando el uso de las nuevas tecnologías y propuso el dictado de normas sobre temática en las que sea necesario legislar y simplificar del sistema normativo nacional.
Como resultado se hizo una selección de los temas de mayor urgencia en ser abordados, merced a los 836 aportes de la ciudadanía y del trabajo de más de 200 profesionales expertos en diversas áreas del Derecho y académicos de todas las Universidades del país con carreras de Derecho.
Y se presentaron varios proyectos de ley en temas tales como proceso contencioso administrativo, Derecho Internacional Privado de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida y Maternidad Subrogada, Títulos Valores en contexto electrónico, contratación electrónica, régimen de responsabilidad por daño ambiental, procesales varios, prestación internacional de alimentos, responsabilidad civil por accidentes de tránsito, régimen de jornada laboral en el sector servicios, proceso de relaciones de consumo, excepciones al derecho de autor, entre otros.
Este estudio, encaminado a ir ordenando el sistema jurídico nacional, antes de su culminación, se vio sacudido por una batería de normas de las más diversas materias y contenido. Entre ellas -y como ejemplo paradigmático, pero no único- la LUC, la que trajo un sinnúmero de interpretaciones y posibles colisiones con otras normas de mayor o igual rango, generando de esa forma lógicas dudas jurídicas y diferentes interpretaciones.
Como si esto fuera poco, no es posible saber si la norma se va a sostener o si 135 artículos medulares de la misma desaparecerán del paisaje jurídico, arrastrando a igual suerte a las reglamentaciones que le siguieron.
Sin formular ningún juicio de valor sobre una u otra posición en relación a la LUC y las modificaciones que eventualmente se produzcan, lo que sí podemos afirmar sin temor a equivocarnos, es que termina un año con un grado no deseado de incertidumbre jurídica y, como corolario lógico, se inicia otro con más incertidumbre aún.
Montesquieu advertía que a las leyes hay que tocarlas con mano temblorosa, significando con esta expresión que debía valorarse con serenidad los efectos de su aprobación, pero también el de su derogación.
No es precisamente la certeza jurídica un atributo que hoy podamos exhibir.
Pero afortunadamente todo indicaría que es una cuestión coyuntural, temporal y que pronto se verá superada.
Ese es nuestro deseo. Como así también el de que todos los lectores de este prestigioso medio tengan un muy venturoso año 2022.
Salud.
