Me dirijo a ustedes para expresar mi preocupación e indignación sobre una situación que lleva afectando a nuestra comunidad durante los últimos dos años, sin que las autoridades locales tomen cartas en el asunto. A pocos metros de mi domicilio -en la intersección de calle Patulé y esquina Lavalleja- se ha instalado un puesto de venta de verduras de manera ilegal, que incumple varias normativas fundamentales y sin embargo, continúa operando sin ningún tipo de control o fiscalización de lunes a lunes desde la 6 a las 21 horas e inclusive por las noches dejando un sereno.
Este comercio informal no paga impuestos, lo que representa una competencia desleal para los comercios legales que sí cumplen con sus obligaciones. Además, se ha convertido en un foco de vulneración de derechos laborales, ya que los trabajadores allí presentes no cuentan con aportes previsionales ni condiciones de trabajo mínimas. La situación empeora con la invasión de la vereda, obligando a los peatones a transitar por la calle, lo que no solo genera incomodidad, sino que pone en riesgo la seguridad de los transeúntes. Consulté con funcionarios de la intendencia sobre la legalidad de este puesto, y me informaron que tiene el consentimiento de un vecino para operar en ese lugar. Esta afirmación me resulta completamente absurda, ya que la vereda es un espacio público, y no pertenece a ninguna propiedad privada. Es un derecho de todos los ciudadanos disfrutar de un espacio público libre y seguro para transitar, y no para que se convierta en un área de explotación comercial sin regulación alguna.
Lo que es aún más preocupante es que, según comentarios de tono informal que recibí, se está permitiendo esta ilegalidad debido a que el puesto de verduras realiza «aportes» a iniciativas sociales, como ollas populares o merenderos. Si bien el apoyo social es valioso, no puede ser excusa para permitir una actividad ilegal que afecta la convivencia, la higiene y la seguridad de la zona. Esto no hace más que reforzar la sensación de impunidad que prevalece.
Sumado a todo esto, la situación ha generado una grave preocupación por la salubridad. Las moscas y el mal olor se han vuelto constantes, producto de la falta de medidas básicas de higiene, como el acceso a agua potable y baños para los trabajadores del puesto.
Es inaceptable que las autoridades no tomen medidas ante una problemática tan evidente. Vivimos en una sociedad donde el respeto por las normas y los derechos de todos es fundamental. No podemos permitir que intereses particulares sigan vulnerando nuestra calidad de vida sin que se tomen acciones claras para resolver esta situación.
Álvaro Fraga
