Según informó El Telégrafo los procedimientos -uno en un predio rural y otro en un inmueble de tipo industrial- permitieron constatar la presencia de al menos 52 ciudadanos extranjeros, entre ellos 14 peruanos y 38 argentinos, incluidos una mujer y un adolescente, quienes habrían estado cumpliendo tareas en condiciones precarias, sin registro y bajo supervisión de personas ya identificadas por la investigación judicial. La investigación comenzó por una denuncia anónima por presuntas irregularidades laborales que afectan a trabajadores migrantes en un establecimiento rural del departamento.
ALLANAMIENTOS
Se hicieron dos allanamientos -uno en un predio rural y otro en un inmueble industrial (ex planta de PILI)- con intervención de la Policía, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Interpol Uruguay y la Unidad de Víctimas. Se identificaron 14 peruanos y 38 argentinos, dentro de los que se incluyen una mujer y un adolescente. El fiscal agregó que se recibió declaración, bajo modalidad de Cámara Gesell, a 11 trabajadores de nacionalidad peruana, en carácter de víctimas de presunta explotación. Asimismo, confirmó que se impusieron medidas limitativas de cierre de fronteras a dos imputados aún no formalizados, vinculados a la dirección de la empresa investigada, con el objetivo de asegurar su presencia y sujeción al proceso.
IMPUTADO
Las autoridades informaron además sobre las condiciones en que fueron hallados los trabajadores, el rol de los responsables de la empresa investigada y el alcance que podría tener el caso e incluso con derivaciones en Salto mediante empresas vinculadas. Cabe recordar que en Salto en su momento, hubo algunas intervenciones sobre este tipo de casos, incluso en empresas vinculadas a la construcción. Un argentino fue imputado con 90 días de prisión preventiva por el caso de trata de personas con fines de explotación laboral en Paysandú. Este hombre es investigado como parte de la organización y conducción de la cuadrilla de trabajadores. La imputación es por la presunta comisión de un delito de reducción de personas a la servidumbre o trabajo forzoso", sostuvo el fiscal del caso, Joaquín Suárez.
