Viernes 3 de abril, 2020
  • 8 am

La ley es la ley

César Suárez
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César Suárez

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Diario

Por el Dr. César Suárez
Es increíble como una única palabra actúa en la percepción de las personas como una suerte de botón o llave que con sólo mencionarla o escucharla puede abrir en la mente de cada uno, una cascada de conceptos que ya están cargados en la memoria de cada individuo que se fueron acumulando en el tiempo hasta conformar la cultura personal o colectiva.
Una palabra de vital importancia en la convivencia ciudadana es el término LEY, tres letras, un sonido breve y una catarata de ideas.
Según la Real Academia Española, la palabra ley tiene múltiples acepciones de las me interesa destacar a los efectos de la convivencia ciudadana la de “precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados” o “en el régimen constitucional, disposición votada por las Cortes y sancionada por el jefe del Estado. Son normas acordadas para ordenar la convivencia que se van ajustando a las necesidades o circunstancias de las dinámicas de la sociedad.
Conceptualmente, para la mayoría de la gente que conforma una sociedad civilizada, respetar la ley es un mandato y una necesidad que parte de la convicción mental impregnada en la percepción altamente mayoritaria incorporada culturalmente como un valor que ya parte desde la primera infancia y se reafirma a través del tiempo. Obviamente, las leyes son dictadas por las personas y no necesariamente concuerdan con la conveniencia o necesidad de la totalidad de la sociedad por eso surge la necesidad de corregirlas cuando ya no se ajustan a la realidad.
Cuando una ley ya no es respetada por la mayoría y ya no hay forma de hacerla cumplir, debiera derogarse para evitar el vició colectivo de violar la norma y de ese modo mantener el precepto de respeto por la ley.
A pesar de todos estos conceptos, hay sector minoritario que resiste los preceptos de la ley ya sea por razones políticas, filosóficas, por rebeldía, por conveniencia personal o por necesidad circunstancial o permanente.
El Estado representado por sus gobernantes tiene la necesidad y la obligación de respetar la ley y hacerla respetar ya sea por medio de la persuasión y cuando la persuasión ya no funciona recurrir a una acción que tiene muy mala prensa, denominada represión pero que resulta imprescindible para evitar el caos, cuando una persona o un grupo de ellas viola sistemáticamente la ley, pero obviamente hacerlo en el marco de los preceptos previamente establecidos por la ley vigente.
La penas por violar la ley varían grandemente en el mundo pero para nuestro país, recorren una escala que desde la advertencia, la sanción y como máximo castigo, la prisión ajustada a la magnitud de la falta cometida.
Si bien el número de personas que violan gravemente la ley son porcentualmente muy bajo de la sociedad, en su conjunto conforman un “ejército” disperso que desestabiliza a la sociedad en su conjunto.
En este punto, los conceptos de la población se diversifica, los que se indignan en forma extrema y hasta piden pena de muerte para los delincuentes y quienes entienden que hay que buscar dar una oportunidad al “descarriado” para que se reincorpore a la vida ciudadana.
Ese “ejercito irregular” de delincuentes ha llevado a que nuestro país tenga la cárceles atestadas de detenidos, procesados o no, hasta llegar a que uno de cada trescientos habitantes esté preso en este momento. Estos once mil presos, quiérase o no son parte de nuestra sociedad y una vez que pagan su pena deberán volver a la comunidad y tendrán que sobrevivir, son personas adultas, muchos de los cuales son responsables del sustento de su familia y por su condición de ex convictos tendrán mucha dificultad para su inserción laboral y se cierran los caminos y se verán tentados o necesitados a delinquir de nuevo y lo más grave, serán o seguirán siendo una “escuela” nefasta para quienes los rodea.
Entonces, ya que las empresas privadas son reacias a incorporar personal con antecedentes, el Estado debería planificar esa reinserción y no dejar a los liberados a la deriva. Cada liberado que encuentre su camino dentro de los márgenes de la ley, le quitará un integrante al “ejercito de los descarriados”. La represión del delito es una herramienta que posee del Estado para mantener el equilibrio y la justicia pero si sólo nos quedamos en eso y no encaramos la raíz profunda de este tema, marcharemos a una guerra con el conjunto de “descarriados” que no tendrá fin.