Por el Dr. Gastón Signorelli
Para el Estudio Signorelli&Altamiranda
El funcionamiento de la Justicia no ha estado ajeno a las restricciones ambulatorias y a la principal exhortación para evitar el contagio del virus y su propagación: el distanciamiento social.
Con carácter general, como forma alternativa para sustituir esa imposibilidad de poder realizar reuniones personales, las aplicaciones han comenzado a utilizarse con mayor intensidad y frecuencia, permitiendo así mantener la comunicación y poder seguir desarrollando las actividades.
Por la misma línea, el Poder Judicial se vio claramente afectado, disponiendo una Feria Judicial Sanitaria que paralizara prácticamente toda su actividad, salvo para situaciones excepcionales, lo que ha afectado a usuarios y operadores.
El reinicio de las actividades se estará realizando de forma gradual, con medidas de cuidados personales y acudiendo a algunas herramientas digitales, como por ejemplo una agenda web obligatoria para la presentación de escritos, con la clara finalidad de evitar aglomeraciones en un mismo espacio físico.
La adaptación a esta “nueva normalidad” es medular, en tanto no es posible prever hasta cuándo será necesario el distanciamiento social.
Y con buen criterio, a nuestro juicio, el Colegio de Abogados ha presentado un proyecto de ley sobre “Utilización de Tecnologías de la Información y Comunicación en Procesos Jurisdiccionales”, mediante el cual se pretende utilizar los medios electrónicos (que ya existen, que no es necesario crearlos y se encuentran disponibles) en nuestro sistema judicial, con el fin de evitar dilaciones y paralizaciones, continuando con los avances introducidos en la materia a través de la ley 18.600, que hace admisibles, válidos y eficaces, los documentos y la firma electrónica, además de las comunicaciones, también electrónicas, que son recibidas en el servidor de los abogados, sin necesidad de que estos o sus procuradores deban hacerlo personalmente en las Sedes físicas.
En el proyecto de ley se prevé, como cuestiones a destacar, la presentación de los escritos en forma digital y la celebración de audiencias y otros actos en forma remota. De aprobarse esto, significaría un gran avance en términos económicos, como por ejemplo los ahorros en papelería, espacios, insumos para evitar contactos personales y con los documentos y de tiempos. Ni hablar en el caso de desplazamiento de testigos, peritos y técnicos residentes en sitios alejados del Tribunal, para asistir a audiencias en forma personal, lo que en muchos casos se traduce en resignar esas pruebas.
Resulta claro que en caso de prosperar la iniciativa, su implementación deberá realizarse en forma gradual y con los recaudos necesarios para su correcto funcionamiento, teniendo en cuenta las diversas realidades geográficas, de personal y de gestión de las oficinas judiciales.
Esta nueva modalidad que se busca comenzar a aplicar es un tema que ya se venía tratando en el ámbito del derecho y que la coyuntura provocada por la pandemia ha precipitado.
Estas medidas generarían un mejor y más ágil funcionamiento de la Justicia y, frente a situaciones de similares características a la actual, permitirían continuar con las actividades.
Seguramente va a generar resistencias, pero la fuerza de la realidad y las virtudes del sistema inclinan claramente la balanza a su favor.
