Por Alexander Ruppel.
En las últimas horas tomó trascendencia que el gobierno nacional mostró preocupación por presuntas irregularidades por parte de algunas radios comunitarias que no realizan el cumplimiento de lo establecido por la ley N° 18232 a nivel parlamentario, a partir de la promulgación en 2010 de la ley de servicios comunitarios. Esta ley expresa que la radiodifusión comunitaria debe ser prestada por asociaciones sin fines de lucro o por grupos de personas que no persigan fines de lucro. Además se resalta que estas radios no podrán realizar proselitismo político-partidario o religioso, esto sería una causal de suspensión o revocación de permisos. Ante esta situación la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC) analiza realizar inspecciones y auditorías en algunas radios de todo el país.
HAY 171 EN TODO EL PAÍS
Actualmente en Salto existen 11 radios comunitarias registradas, 4 administradas por la Ursec y 7 administradas por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). A nivel país, Salto es el cuarto departamento con mayor cantidad de radios comunitarias, el departamento con mayor cantidad es Canelones, con 27 radios de este tipo, en total en todo Uruguay existen 171 radios registradas como comunitarias. CAMBIO se comunció con la nueva directora de a URSEC, Mercedes Aramendía, pero la jerarca declinó por el momento hacer declaraciones al respecto. De todas maneras CAMBIO pudo saber que habrá un análisis de cada una de las radios comunitarias, donde se pretende saber la potencia que se está utilizando, zona geográfica que abarcan, sustentabilidad económica y otros aspectos que regulan el funcionamiento de las emisoras.
DESAPARICIÓN DE DOCUMENTACIÓN
El inicio de este tema se dio ante la desaparición y destrucción de carpetas que contenían documentación relacionada con decisiones adoptadas por el anterior gobierno nacional, en base a esto se argumenta que algunas radios fueron habilitadas sin cumplir con lo establecido e incluso se menciona que la autorización de algunas radios responde a intereses políticos. El artículo 244 del código penal refiere a la destrucción, supresión, ocultación de un documento o de un certificado verdadero: “El que destruyere, ocultare, suprimiere en todo o en parte un documento o un certificado verdadero será castigado con las penas que el Código establece para la falsificación de tales documentos”. A esto se sumaría que muchas radios habrían violado disposiciones que establecían que la potencia con que debía emitirse no debía ser mayor a un kw. Así como también la ubicación de las radios, que en algunos casos no serían las mismas que se les asignó en el momento de la autorización.
