Sábado 5 de diciembre, 2020
  • 8 am

¡Hacete cargo!

Fulvio Gutiérrez
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Fulvio Gutiérrez

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Dr. Fulvio Gutiérrez
Estamos cada vez más sorprendidos que un ya incontable número de personas que ocuparon cargos de jerarquía en el gobierno de nuestro país en los últimos quince años, y tomaron decisiones que por inconvenientes e incluso ilegales causaron daños a terceros, no han sido responsabilizados económicamente por los dineros que el Estado ha debido pagar a esos terceros, o asumir como propios. Y esto no puede ser.
Partamos de la base de que hay un principio fundamental y lógico en nuestro Código Civl (art. 1319), que es aplicable al Estado, que prescribe que todo el que provoque un daño a otro, tiene la obligación de repararlo. Por su parte, nuestra Constitución establece en cuanto a la responsabilidad del Estado, “que todo órgano del Estado, será civilmente responsable del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección” (art. 24), y que cuando esos daños fueron la consecuencia del accionar del funcionario público “con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación”. Normas éstas que también tienen reglamentación legal. Dicho de otra manera: si el accionar de un órgano del Estado produce un daño a cualquier persona, esta persona tiene que reclamarle a ese órgano estatal la reparación del daño sufrido. Y si ese daño fue motivado por culpa grave o con intención por parte del funcionario, el Estado puede demandar al o a los funcionarios que ocasionaron el daño, y reclamarles que le devuelvan lo que el Estado debió pagar.
Estas consideraciones vienen a cuenta de que en los seis meses que lleva el gobierno “multicolor”, varios de sus jerarcas, han detectado una serie de presuntas irregularidades en diversos organismos donde cumplen funciones, de diferente naturaleza, pero que tienen un elemento en común: el despilfarro de sumas de dinero millonarias, originadas en el hacer o en el no hacer de ex gobernantes, abusando de las competencias que tenían, y que le han originado al Estado uruguayo cargas patrimoniales que exceden todo lo predecible. A los ya conocidos actos ilícitos o abusivos que fueron protagonizados por el ex Vicepresidente Raúl Sendic; a las pérdidas originadas por la concesión de la explotación minera a la empresa Aratiri; las que se originaron en el caso Pluna; en la frustrada regasificadora; en el también frustrado puerto de aguas profundas, los préstamos incobrables a Fripur, a Envidrio; el affaire “Alas U”; las ventas a Venezuela que no se pagaron; el absurdo gasto en el Antel Arena y las deudas que aparecieron en la propia Antel; el “caso Bengoa” en la Dirección Nacional de Casinos; las deudas dejadas en Ancap; el despilfarro en Inefob; y un montón de etcéteras; ahora se suman las irregularidades en el Mides, en la O.P.P.; en el Ministerio de Educación y Cultura; en la Dirección General de la Granja; las irregularidades en la Ursec y otros largos etcéteras. En fin, en la mayoría de los casos, se abusó del gasto en forma pocas veces vista, lo que se derivó en un daño económico al Estado.
Entonces preguntamos; ¿por qué no se aplican los arts. 24 y 25 de la Constitución, demandando judicialmente a los funcionarios públicos responsables de todos esas pérdidas de dinero que en definitiva serán pagadas por todos quienes somos contribuyentes? Se nos podrá decir que los montos son tan enormes que no se podrán recuperar. Si, tal vez sí. Pero no importa. Los responsables deberán ser embargados, y si tampoco pagan, el embargo les quedara de por vida, y tal vez las deudas pasarán a sus herederos.
No importa. Pero esos corruptos e irresponsables funcionarios, deberán hacerse cargo de las consecuencias de su falta de idoneidad, se su mala fe y de sus actitudes delictuales.
El Gobierno actual lo puede hacer. ¡Pues entonces que lo haga y que cada funcionario se haga cargo del daño provocado! Será la mejor señal que se le puede proporcionar al pueblo uruguayo entre la transparencia y la corrupción.