Por el Dr. Fulvio Gutiérrez
La democracia centra en la persona humana toda su esencia y su funcionamiento, basada en un principio fundamental: la libertad. Pero dentro de ese abanico de derechos que comprende un concepto integral de libertad, existe uno que hace a su propia naturaleza: la libertad de expresión del pensamiento. A su vez, el instrumento fundamental para que esa libertad se concrete, se afirme y se exteriorice es la libertad que tienen los medios de comunicación para desarrollar su actividad. Y una de las garantías que reafirma esa libertad, es el derecho de los periodistas a no revelar la fuente de sus trabajos, ya sean orales, visuales o escritos. Es el derecho al secreto profesional que tienen los profesionales de la información a no revelar sus fuentes de información, no declarar ante los Tribunales sobre los hechos que ellos revelan en sus informaciones y no entregar sus notas personales, o cualquier tipo de material informativo que hayan utilizado en su tarea. Así lo entendió el Consejo de Europa en el año 1974, y así está establecido en el art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o Pacto de San José de Costa Rica.
A nivel de nuestro derecho interno, y además de la previsión constitucional del art. 29, la Ley No. 16.099 de 3 de noviembre de 1989, ratifica lo dispuesto por el Derecho Internacional, y agrega claramente en su art. 1º. “Los periodistas tendrán el derecho a ampararse en el secreto profesional respecto a las fuentes de información de las noticias que difundan en los medios de comunicación”.
Todo esto viene a cuenta del lamentable accionar de autoridades de nuestro Poder Judicial y de la Fiscalía Gral. de la Nación, con referencia a la denuncia presentada en las últimas semanas sobre una presunta violación en grupo en el Barrio Cordón de Montevideo. Dichas autoridades, ignorando las previsiones constitucionales, internacionales y legales precitadas, dispusieron allanar las instalaciones de la radio “Azul FM” y el domicilio particular del periodista Ignacio Álvarez, buscando sin duda de clase alguna, conocer las fuentes de donde dicho periodista había obtenido la información que luego difundió en el programa “La pecera” de dicha radio.
Desde la academia, a lo cual me adhiero expresamente, los Catedráticos Ruben Correa Freitas y Martín Risso, manifestaron su posición contraria a tal medida, porque en definitiva, la decisión judicial -solicitada por la Fiscalía y decidida por la Jueza, Dra. Patricia Rodríguez-, tenía como claro propósito conocer el origen de los audios implicados en el caso de la presunta violación. Esto es, conocer la fuente de donde el periodista había obtenido esa información.
Pero si eso fue de por sí grave, más grave y hasta ridículas fueron las explicaciones que intentó dar el Fiscal de Corte, Dr. Juan Gómez, en una conferencia de prensa que dio buscando “enmendar el soneto”. Palabras más, palabras menos, el Dr. Gómez afirmó que la Fiscalía tenía como objetivo solo acceder a las grabaciones y no a las fuentes de los periodistas, aunque en la orden de allanamiento, y en forma expresa, se indicaba incautar, celulares, tablets, computadoras, pendrive y discos, y otros dispositivos que podían dar lugar a fuentes de éste y otros casos. Es más, casi como en un “recule en chancletas”, llegó a decir que en definitiva las intimaciones no se habían concretado (sí que se concretaron), y que junto a la Dra. Alfaro, habían resuelto dejarlas sin efecto. Más allá además que el Letrado que asiste al periodista había recurrido de semejante decisión.
Todo este disparate fue avalado por el Frente Amplio, con una denuncia que presentaron varios legisladores y adherentes de izquierda, por la difusión de los audios por parte del periodista Ignacio Álvarez. Previamente, un grupo de autoproclamadas “feministas,” organización de extrema izquierda, ideologizada y manipuladora, realizaron una movida bajo el latiguillo de “cultura de la violación”. Violación que en definitiva no existió como tal, porque el pedido de formalización de la Fiscalía habla de otro delito, “abuso sexual especialmente agravado”, y no de violación. Evidentemente con estas autoridades y con el lobby feminista presionando, me estoy dando cuenta que la Senadora Graciela Bianchi tenía razón.
