Por Leonardo Vinci.
Cuando los tupamaros llegaron al poder, con un mentiroso relato alteraron la verdad histórica descaradamente. Sostuvieron que la dictadura comenzó en 1968 y que ellos lucharon ardorosamente defendiendo lo que en realidad procuraron destruir por todos los medios. En realidad fueron delincuentes que mediante el terror, robaron, secuestraron y mataron sin miramientos.
Desde el gobierno- en el marco de la ley- tomaron por asalto el tesoro nacional, asignándose jugosas pensiones especiales, que le cuestan al pueblo uruguayo millones de dólares anuales.
No contentos con ello, pocas horas antes de finalizar su mandato, el Presidente Vázquez, decretó que «Los cónyuges, concubino/as e hijos menores de los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia, comenzarán a cobrar el 100% del sueldo básico (…) sin necesidad de realizar trámite previo alguno».
Y como si esto fuera poco, además se decidió que los hijos y nietos de los presos políticos tuvieran derecho «… a recibir atención integral de salud gratuita y vitalicia en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud…»
Para la izquierda, quienes atentaron contra la Constitución pasaron a ser víctimas y quienes defendieron el ordenamiento democrático, victimarios.
A quienes participaron de una u otra forma en el asesinato de Pascasio Báez se les asignó una pensión. Pero no hubo indemnización alguna para la viuda e hijos del peón rural que tuvo la mala suerte de descubrir una tatucera tupamara en pleno campo.
Tampoco hubo ningún intento de resarcimiento para con los familiares de Carlos Burgueño, que mataron cuando caminaba inocentemente por las calles de Pando, o para los deudos del chofer de Cutcsa, Vicente Oroza, acribillado en el «Pantanoso», ni para nadie que haya sido asesinado por los subversivos.
Han pasado largos meses desde que las principales figuras del actual gobierno de coalición, manifestaran que el Estado está en deuda con numerosas familias.
En su momento, el Ministro de Defensa Nacional, Javier García, se mostró partidario de retribuir económicamente a las víctimas de la guerrilla como una forma de reparación de lo que ocurrió décadas atrás en Uruguay, así como se hace con las víctimas o familiares de las víctimas de la dictadura militar.
«Uno razona y dice: víctimas hubo, todo en un momento negro de nuestra historia. También hubo víctimas de las guerrillas y de los grupos armados y yo creo que corresponde una reparación económica para las familias de quienes fueron víctimas de la guerrilla».
Planteó que dar esa reparación económica sería defender los derechos humanos de una forma integral.
También dijo García que para contribuir a la paz, habría que mirar adelante y reconocer «que en Uruguay hubo mucho sufrimiento, que no fue en un solo sentido y (debemos) mitigar de alguna forma las consecuencias».
Ya es hora que el Estado Uruguayo reconozca expresamente que hay deudas que saldar y arbitre una solución adecuada para cumplir con los descendientes de las víctimas de la subversión. Mantener las pensiones para unos y negarlas para otros no solo es injusto, es inmoral.
