domingo 27 de noviembre, 2022
  • 8 am

¿Asamblea permanente?

Fulvio Gutiérrez
Por

Fulvio Gutiérrez

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Por el Dr. Fulvio Gutiérrez
En el año 2004, se aprobó una reforma de la Constitución de la República, que fue popularmente conocida como “reforma del agua”. Se calificó de “derecho fundamental” el acceso al agua potable y al saneamiento; y se dispuso que tales derechos “serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”, así como la prohibición de que intervinieran capitales privados en la prestación de los servicios esenciales de agua potable y saneamiento. Por su parte, el art. 1º de la Ley No. 11.907, que creó la persona jurídica OSE, como Servicio Descentralizado, le otorgó la competencia de “la prestación del servicio de agua potable en todo el territorio de la República”, y “la prestación del servicio de alcantarillado en todo el territorio de la República, excepto en el Departamento de Montevideo”.
En base a esta normativa, y ante el déficit que hoy tiene la capacidad y las fuentes de producción de agua potable en la zona sur del país, donde vive el 60% de la población el Directorio de OSE resolvió realizar las obras necesaria para el abastecimiento normal de esa población. Para ello el organismo asignó la concreción de nuevas fuentes de producción de agua a un consorcio privado que propone construir una toma de agua libre de salinidad sobre el Río de la Plata, en la zona de Arazatí, en el departamento de San José. El pasado miércoles, el Presidente Lacalle Pou, en conferencia de prensa, comunicó la aprobación de la resolución correspondiente, y la concreción del denominando “Proyecto Neptuno”, que no contó con el voto del representante del Frente Amplio en el Directorio Edgardo Ortuño, respaldado por todo el Frente Amplio y por supuesto, por el gremio de funcionarios de OSE. Los argumentos de la izquierda política y sindical, se basan en que la decisión sería inconstitucional, que el gobierno eligió un “formato exprés”, que no se cuenta con informes técnicos de las gerencias de OSE, y que costará al final 740 millones de dólares.
Me voy a referir al problema jurídico, porque los detalles económicos y financieros que menciona, corren por cuenta de Ortuño y no tengo elementos para rebatirlos. Más allá de que es público que la obra se comenzará a pagar a la empresa constructora cuando esté totalmente construida y suministrando agua potable, en un plazo de veinte años, por lo cual todos los riesgos de construcción y mantenimiento, corren por cuenta de esa empresa y no de OSE.
Empecemos por razonar con lógica, porque prestar el servicio directamente es una cosa, y encomendar a una empresa privada la construcción de una planta es otra muy diferente. Si a eso agregamos que el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, (Arts. 33 a 79) autoriza a los órganos del Estado (OSE lo es), a utilizar los mecanismos jurídicos que prevé, para la realización entre otros, de contratos de obras de infraestructura que le son necesarias para cumplir con sus cometidos, la inconstitucionalidad denunciada no es tal. Ortuño debió asesorarse.
No contento con tamaña afirmación, Ortuño dice que va a recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), para que declare la nulidad del Proyecto Neptuno, lo cual es respaldado por el Frente Amplio que se ha declarado en “asamblea permanente”. Yo creo que Ortuño debería consultar con un abogado y leer la Constitución. El art. 319 de la Constitución dice que la acción de nulidad ante el TCA “no podrá ejercitarse si antes no se ha agotado la vía administrativa, mediante los recursos correspondientes”. Es decir, primero deberá recurrir la resolución de OSE, en un procedimiento que no supone la suspensión de la resolución recurrida y que, con suerte puede demorar seis meses. Culminado ese proceso administrativo, y si le resulta negativo como es de suponer, recién podrá iniciar la acción de nulidad para ante el TCA, que tampoco supone la suspensión de la resolución cuestionada, y que por experiencia profesional, le puede llevar tres años. A lo que se agrega el factible cuestionamiento de la legitimación activa de quienes dicen van a accionar. ¿Realmente Ortuño y el FA, desconocen las graves observaciones señaladas, o esto es otro grito para la tribuna?
La “asamblea permanente” va a ser larga, siendo otro ejemplo de que la ferocidad del Frente Amplio en su actitud de oposición, no tiene límites ni repara en consecuencias.