SOSPECHA, SOSPECHA, SOSPECHA…
La semana pasada contábamos en esta sección declaraciones de Eleuterio Fernández Huidobro, Jorge Batlle, Luis Lacalle Herrera y Julio Sanguinetti en el libro La Vida de Nosotros de Álvaro Alfonso, sobre las escuchas telefónicas en distintos gobiernos, es decir, Frente Amplio, Partido Colorado y Partido Nacional. Dichos testimonios apuntan al “… no tengo conocimiento”; salvo Eleuterio Fernández Huidobro que decía no tener dudas que todos los senadores eran escuchados, y que hablar por celular es como hablar por radio Carve o El Espectador.
Hoy presentamos las sospechas que tenía Pedro Bordaberry cuando era secretario general del Partido Colorado. ¿Quién o quiénes lo escuchaban?
…El Secretario General del Partido Colorado y candidato presidencial del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, parece que intentó pescar una pequeña mojarrita y al anzuelo se le prendió una ballena.
Bordaberry quería desechar los insistentes rumores y por eso el 18 de junio de 2010, amparado en el artículo 118 de la Constitución de la República, remitió sendos pedidos de informes al Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa Nacional, preguntando si sus teléfonos estuvieron intervenidos durante el gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010).
Siete días después, el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi informó que las fuerzas policiales “no poseen facultades para disponer por sí la realización de escuchas telefónicas sobre líneas fijas o móviles asignadas a ningún ciudadano, sujeto a jurisdicción del Estado uruguayo”. Según Bonomi se atentaría contra los derechos y garantías de la Constitución de la República y asumió que la actuación de la policía se ciñe a las investigaciones resueltas por el Poder Judicial.
“En los casos referenciados supra, la policía actúa en su rol de auxiliar de la Justicia y por ende, los motivos o razones que se funda la citada directiva judicial no son siquiera conocidos por el órgano ejecutor”, adujo el Ministro.
La respuesta firmada por Bonomi fue de carácter jurídico, invocando varios artículos de la carta magna. Sin embargo el ministro no respondió la pregunta concreta: ¿Estuvieron o no pinchados los teléfonos de Bordaberry en el período 2005-2010?
Bonomi tampoco respondió que tipo de equipamiento tiene el Ministerio del Interior para las escuchas telefónicas y cuáles son las reparticiones del mismo a cargo de ellas.
Bordaberry volvió a la carga el 1 de julio y reiteró la pregunta. Y llamó la atención otra interrogante: ¿Qué autoridad judicial dispuso escuchas respecto del suscrito en el período comprendido entre el 1 de marzo de 2005 y el 14 de febrero de 2010 –período en el que este senador no ocupaba cargo legislativo alguno –y en el marco de qué investigación se realizó?
¿Qué pasó en ese período? Bordaberry se dedicó a su profesión, más allá de formalizar un grupo político en el Partido Colorado, con el cual terminó siendo amplia mayoría en las elecciones internas de junio de 2009. Y por ejemplo, también, fue el abogado de su padre, el ex presidente constitucional y de facto, procesado y puesto preso durante el gobierno de Vázquez.
Pedro Bordaberry entrevistado por el autor (del libro) el 20 de julio opinó que “la inteligencia del Estado debe estar sometida a control parlamentario, con un representante de cada partido que nos dé la tranquilidad a todos que estas cosas se utilizan efectivamente para combatir el crimen y no para otros fines”.
Observó que las escuchas telefónicas entran en el ámbito de la inteligencia del Estado. “Cuando no se tiene control siempre se cae en la tentación de utilizarlo para otros fines. Los países que hacen las cosas seriamente en esta área, someten esto a un control parlamentario restringido a un grupo de personas que tienen las mismas responsabilidades que tienen los que están en la lucha contra el crimen”, subrayó.
El diario El Observador publicó el pasado 19 de julio la noticia que el gobierno se dispone a instalar oficinas de escuchas contra el crimen organizado. “Esto que se propone no está bien, no hay ningún tipo de control sobre los que hacen esto. Me pregunto, ¿quién controla a los que controlan?”, adujo Bordaberry.
Insistió que “con la excusa de la sospecha se puede empezar a utilizar para otros fines, y no hay control. La normativa vigente dice que tienen que tener orden judicial pero, aparentemente, nosotros estamos esperando información acerca de si ha habido escuchas sin esa autorización, entonces tiene que ser una cosa muy registrada, por escrito y a la que los legisladores siempre puedan tener acceso, para controlar que no se esté utilizando para otros fines, me parece que eso es esencial”.
Bordaberry se mostró preocupado que “el equipamiento se compra en las buenas casas del ramo. Creo que la posesión del equipamiento para hacer escuchas tiene que ser penado, porque si no está permitido sin orden judicial, ¿para qué lo tiene alguien?, para hacer algo que no está autorizado; la mera posesión de esos equipos por los particulares tendría que se delito”.
…Bordaberry no es el único abanderado que no recibe como legislador la información requerida al Ministerio del Interior, en relación a este asunto.
En plena campaña electoral, el Ministerio del Interior ingresó 24 funcionarios en forma directa para cumplir funciones en el sistema de escuchas telefónicas (Resolución Nº 7119/09, incluida en el boletín de órdenes diarias Nº 33178). Eran todos agentes de segunda, catorce mujeres y diez hombres.
…De acuerdo a información manejada por el legislador Pablo Abdala del Partido Nacional, doce de los 24 funcionarios designados para las escuchas telefónicas, exactamente la mitad, tenían vinculación familiar directa con las jerarquías de la época del Ministerio del Interior. ¡Todo quedaba en casa!
