Con una inversión de varios miles de dólares en la zona de Villa Constitución, la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), se encuentra abocada a un proyecto de desarrollo de acuicultura en ese caudal hídrico. Se trata de un interesante proyecto que tiene como objeto la implementación o explotación de granjas ubicadas en agua dulce. En tal sentido, la delegada uruguaya ante el organismo binacional, María Eugenia Almirón, que ha estado trabajando en este proyecto, informó al respecto.
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA
Almirón, señaló que el desarrollo de la acuicultura plantea desafíos que incluyen diversas temáticas que abarcan desde el conocimiento de los organismos acuáticos, objeto del cultivo; el desarrollo tecnológico y todos los aspectos relacionados con la bioseguridad, que comprende la sanidad de los peces e inocuidad del producto, de manera de garantizar la aptitud para consumo humano. “De acuerdo con consideraciones de la FAO y la OMC, el desarrollo de la producción e industria ictícola presenta algunos desafíos, pero también ventajas comparativas y oportunidades, que, si son correctamente diseñadas y controladas en nuestro país, puede transformarse en una industria sostenible que pueda establecer un nuevo bien primario para su exportación”, afirmó María Eugenia Almirón.
RECONVERSIÓN DE PESCADORES
La producción primaria del país históricamente se ha basado en actividades ganaderas y agropecuarias por lo que plantear la inclusión de una modalidad productiva diferente, que permite identificar aspectos sociales, productivos y medioambientales sobre los cuales se vería reflejada su influencia, es además importante. En tal sentido esto trae aparejado la reconversión productiva de los pescadores artesanales o de su familia, que en determinados momentos del año se encuentran impedidos de desarrollar su actividad en virtud de vedas de pesca. El área de influencia abarcaría la región litoral de Uruguay, Villa Constitución, Pueblo Belén y Bella Unión. De allí se podría extender en emprendimientos en el bajo Uruguay y se plantea su ejecución durante al menos un periodo de 3 años.
