Dr. Fulvio Gutiérrez
El sistema carcelario del Uruguay funciona mal. En verdad, siempre funcionó mal. Y sigue funcionando mal, pese a tantos y tantos diagnósticos que los técnicos y políticos han elaborado, sin que se concreten en la realidad. Dicen que falta plata. Y sí, la solución real supone una gran inversión. Pero esa inversión es necesaria y urgente. Si no se la hace, seguiremos incumpliendo la Constitución y los tratados internacionales. Y Uruguay seguirá recibiendo el mote de violador de derechos humanos. Porque recordemos: los presos, también son seres humanos. Los distintos gobiernos que pasaron por Uruguay en los últimos cincuenta años, omitieron la búsqueda de cambios en serio para la mejora del sistema. Concretaron algunos parches, pero no buscaron soluciones integrales, bien planificadas, para que los privados de libertad por disposición judicial, cumplieran la pena en un ámbito acorde a la disposición constitucional del art.26, en cuanto persigue la “reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. Lo que la ley penal pretende cuando se arresta a una persona, es que pierda su libertad ambulatoria, pero no su dignidad; y que la pena, sirva para que se recupere y se reintegre a la sociedad. No para que salga más antisocial que cuando entró, y más preparado para reincidir Y eso es lo que está pasando desde hace bastante tiempo.
En el año 2011, estuvo en Uruguay una representación de la Relatoría sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Culminado su trabajo, dejaron una serie de observaciones, que realmente nos avergüenza. En una breve síntesis, observó serias deficiencias en el sistema carcelario uruguayo, como el hacinamiento fruto de la sobrepoblación de las cáceles, lo que constituye en sí mismo una forma de trato cruel, inhumano y degradante, violatoria del derecho a la integridad personal en los términos de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, y constituye el origen de violentos enfrentamientos entre los reclusos. Criticó severamente las condiciones de reclusión, que calificó de absolutamente inadecuadas para el alojamiento de seres humanos, y la dignidad inherente a ellos. El Estado debe asegurar a los reclusos condiciones dignas en las que puedan satisfacer adecuadamente sus necesidades básicas y que favorezcan las posibilidades de reinserción social. Nada de eso es posible en una realidad como la descripta. Se analizó la situación del personal penitenciario, que es insuficiente, mal remunerado, que muchas veces no tienen el perfil adecuado para tal tarea ni la idoneidad necesaria para cumplirla. Dicho esto, sin perjuicio de que en algunas cárceles existirían verdaderas redes criminales o mafias que se dedican al tráfico de drogas y a la extorsión de reclusos; además de existir una mala alimentación y una falta generalizada de programas de trabajo y estudio. Por ello, concluyó que actualmente no existen en Uruguay políticas públicas integrales con respecto a la gestión penitenciaria, por lo que corresponde al Estado, en función de los dispuesto en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, adoptar políticas públicas que incluyan, tanto medidas de adopción inmediata, como planes, programas y proyectos a largo plazo; así como también, la adecuación de la legislación y el sistema procesal penal para que sea compatible con la libertad personal y las garantías judiciales establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos, lo cual debe ser asumido como una prioridad del Estado. Es cierto que en estos últimos años se han aprobado normas jurídicas que mejoraron leyes penales y procesales penales. Pero eso no alcanza. Alguien ha pensado en crear un Ministerio de Justicia, cuya competencia sería precisamente la del actual Instituto Nacional de Rehabilitación, pero aumentada, perfeccionada y con financiación adecuada. Pero se habla, y no se concreta. Hasta aquí lo jurídico que a algunos puede no interesar. A ellos es bueno recordarles que el actual estado de las cárceles, generadoras de delitos y escuelas del crimen, es también un grave peligro para quienes estamos fuera de ellas.
