Por Gustavo Chiriff
Este Uruguay del 2023, es más injusto y desigual que el Uruguay del 2019. Basta solamente andar por las calles para ver el crecimiento de la indigencia, mayor cantidad de personas (incluso familias enteras) hurgando contenedores, pernoctando en las calles, pidiendo comida.
Según datos preliminares del censo reciente, hay aproximadamente 1360 personas viviendo a la intemperie, con un aumento del 48 % respecto al 2021, en lo que va de este año 1395 personas asistieron a los refugios, incrementándose un 8 % respecto al 2021. Si tomamos la cantidad de personas en situación de calle en 2016 y la comparamos cuantos actualmente están en esta situación, hubo un crecimiento del 98 %, es decir que las cifras avalan lo que día a día percibimos.
Según el Centro de Estudios para el Desarrollo, en 2022, la incidencia de la pobreza monetaria en Uruguay alcanzó a 88 mil hogares en donde habitan 353 mil personas. Por su parte, aquellos con ingresos apenas 25% superiores a la línea de pobreza alcanzaron los 72 mil hogares donde habitan 267 mil personas. Desde 2014 en adelante, la incidencia de la pobreza monetaria se ha mantenido en el umbral del 8%-10%, con la excepción de los años de pandemia 2020 y 2021.
Si analizamos las tasas de pobreza por departamento, Cerro Largo tiene el 19,5 % (sin embargo, es el departamento con menor desocupación), seguido de Rivera 15,9 %, Montevideo 12,8 %, Treinta y Tres 12 %, Rocha 11,4 %, Artigas 11,7 % y luego Salto con el 10,3 %. El departamento de menor tasa es Flores con el 1,1 %. En este Uruguay de mayor desigualdad, 350.000 personas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, que representan 87.000 hogares y de estos, el 33 % viven en condiciones de hacinamiento.
Otro dato importante en este contexto, es el agravamiento de la alta proporción de salarios sumergidos que a comenzó a incrementarse a partir del 2019.El mercado laboral uruguayo continúa mostrando una alta proporción de trabajadores con ingresos por empleos sumergidos, fenómeno que se agravó desde 2019. Un estudio del Cuesta Duarte, muestra que en 2022 se registraron unos 549.000 ocupados con ingresos inferiores a $25.000 líquidos al mes por 40 horas semanales de trabajo, casi 100.000 más respecto a los 452.000 de 2019. Entre los asalariados, la cantidad de trabajadores con salarios sumergidos menores a $25.000 líquidos al mes ascendieron a 322.000, unos 55.000 más respecto a los observados en 2019.
Sin dudas que la cuestión de fondo son las políticas económicas neoliberales que aplica este gobierno de coalición, que beneficia a unos pocos, los “malla de oro”, sumergiendo en necesidades a una masa importante de trabajadores, afectando no solamente a los que menos tienen, si no que a una capa media de asalariados que han visto caer en estos últimos tres años su poder adquisitivo. Hay que cambiar el rumbo.
