Dr. Fulvio Gutiérrez
Las Jueza de Crimen Organizado Dra. María Elena Mainard, tomó dos decisiones en sendos procedimientos penales vinculados a dos narcotraficantes de peso que claramente los benefició. A uno de ellos le facilitó su escape al otorgarle libertad vigilada con tobillera; y al otro, que había presentado un recurso de habeas corpus, lo sacó del régimen de máxima seguridad a que estaba sometido por su peligrosidad, con el argumento que estaba siendo objeto de una prisión indebida. Esto trajo la inmediata una dura reacción del Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien manifestó su disconformidad expresando que la conducta de la jueza, no ayudaba en la lucha contra el narcotráfico..
La Presidenta de la Suprema Corte de Justicia Dra. Doris Morales, concurrió a la sede ministerial, y allí Heber le aclaró que su malestar era con la Jueza María Elena Mainard, y no contra el Poder Judicial. Por eso lo del título.
Uno de los casos en que se basó el ministro Heber, fue el de José González Bica, un narcotraficante que estaba en libertad vigilada en su domicilio con tobillera, decisión tomada en base a documentación que luego resultó ser falsa, al punto que fue procesada su abogada que integraba una banda de falsificadores, y a un problema de salud que resultó no existir. El delincuente rompió la tobillera, y desapareció, y no se lo ha ubicado hasta el momento. El otro caso fue la admisión de un recurso de habeas corpus, presentado por el delincuente Ricardo Damián Cáceres Correa (alias Ricadito), también narcotraficante, quien estaba alojado en régimen de máxima seguridad, y ahora se le autorizó al salir al patio e iniciar un procedimiento de rehabilitación mediante trabajos de carpintería y hechura de bloques. Eso facilita el tener comunicación con el exterior. En forma por demás gráfica, Heber dijo que el Ricardito “dirigía desde la cárcel no solamente su organización, sino que mandaba cortar dedos, orejas, manos y hasta asesinar” desde su celda.
Por su parte, la Asociación de Magistrados del Uruguay, hizo una declaración pública, rechazando las expresiones del ministro, y agregando que tales expresiones, “afectan la independencia judicial”, con lo cual constituiría un quiebre del principio de la separación de poderes. Y eso sí que es grave.
Los hechos mencionados han tenido gran trascendencia pública importante, lo que incluso llevó a la Suprema Corte de Justicia, a iniciar una investigación sobre la actuación de la jueza Mainard.
Los comentarios referidos a las consecuencias de las decisiones de la jueza Mainard, son diversos, pero ninguno bueno. Se ha mencionados por algunos medios de comunicación o de profesionales vinculados al derecho, que podría tratarse un caso de corrupción, otros señalan la falta de idoneidad de la magistrada, de haber tomada una decisión inapropiada y con una base de cierta ingenuidad atendiendo a la condición de narcotraficantes de los involucrados., o de una falta de rigor y sentido común. Entiendo que no se puede opinar alegremente sobre lo ocurrido, ni expresar acusaciones que obviamente podrían tener gravísimas consecuencias.
Por eso me parece acertado el trámite investigativo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia, pues es la forma más adecuada para analizar al detalle todo lo sucedido y resolver en consecuencia. Más aún cuando se está hablando de presunta violación del principio de separación de poderes, que es una de las bases de nuestro sistema democrático y republicano.
Corresponde entonces, estar atento a los resultados de esa investigación.
