La Justicia condenó el martes al Ministerio del Interior a pagar USD 20 mil luego de que una mujer presentara una demanda, porque un policía mató a su hermano, durante un procedimiento policial. El 14 de abril de 2021 la Policía se dirigió a una pensión de Paysandú y Minas, en el barrio Cordón de Montevideo, por presencia de humo. Los policías encontraron a un hombre encerrado en una de las habitaciones que, según indicaron, prendió fuego parcial y amenazó con explotar el lugar. El Ministerio del Interior informó entonces que el atrincherado amenazó a los efectivos, y que se les acercó, por lo que uno de ellos usó munición no letal. La situación siguió hasta que uno de los policías usó su arma de reglamento y le disparó. El impacto fue en el brazo, salió y también alcanzó el tórax.
DEMANDA Y FALLO
La hermana del fallecido presentó la demanda contra el Estado y la Justicia falló a su favor, de forma parcial. Por daño extrapatrimonial y moral propio el Ministerio del Interior deberá pagarle USD 20 mil, con intereses, desde EL martes, sin especial condena, indica el fallo al que accedió Subrayado.
El artículo 24 de la Constitución establece que «el Estado, los gobiernos y departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección».
Según la investigación de la Fiscalía, se pudo determinar que de manera violenta y mediante disparos con arma de fuego, la víctima perdió la vida, en la pensión donde vivía. La demandante denunció que el procedimiento policial fue de «forma excesiva» y «desproporcionada». Su hermano –de nacionalidad cubana– tenía problemas de salud mental, relató, y una situación de angustia y delirio. Incluso pensó que tenía riesgo de vida. La Policía indicó que el hombre tenía en su poder dos armas blancas, al momento en que los efectivos intentaban deponer su actitud: eran un cuchillo «para el pan» y una paleta de repostería. La Justicia entendió que el uso de la fuerza policial en este caso es desproporcionada, porque se utilizó un arma de reglamento para disparar.
