Dr. Pablo D. Vela
Si en algo hemos hecho hincapié en nuestras columnas de miércoles ha sido en el descreimiento y rechazo que la ciudadanía tiene sobre la clase política toda, local y nacional. Así nos lo han hecho saber en cada reunión, en cada charla a la que concurrimos, incluso dando la cara por aquellos que se esconden sabedores de que le han fallado al salteño.
También hemos sido claro en dar razón a ese sentimiento de desilusión y decepción porque los últimos años, sobre todo, han sido de un sinfín de ejemplos de como no se debe hacer política, como no se de gobernar.
Si nos venimos a Salto particularmente, fueron años de un caída estrepitosa del nivel gubernamental, llegando a escalones o niveles dignos de ciudades sin recursos algunos, sin la potencialidad que tenemos, manejadas a impulsos de ignorantes e incapaces que aprovechándose de la necesidad ajena y de estar circunstancialmente en lugares de preponderancia, despilfarraron dineros y patrimonio público sin hacer crecer al departamento, todo lo contrario, lo siguen hundiendo.
Pero Salto no es el único departamento con problemas de ese tipo o similar ni tampoco el Gobierno Nacional se “salva” de hechos o circunstancias que indigne a la ciudadanía, en definitiva la clase política uruguaya viene en caída libre en lo que respecta a su prestigio, lo cierto es que para que la gente que hoy comience a creer nuevamente son necesarias señales fuertes, contundentes e inmediatas ante situaciones reñidas con la ley cometidas por quienes ostentan cargos públicos, más aún cuando se cometen contra la administración pública.
Otra vez, el diputado Gustavo Zubía tomó esa bandera e invitó al resto de los legisladores a adherirse presentando un proyecto en donde de manera clara y radical se le saca al funcionario público una herramienta judicial que ha beneficiado en varios casos a quienes traicionaron la buena fé del elector y sin embargo con alguna hora de trabajo comunitario o similar ya quedan cumplidos por sus delitos.
Gustavo Zubía presentó el pasado 22 de julio en el Parlamento un proyecto de ley donde se excluye a los delitos contra la administración Pública y la administración de Justicia de la posibilidad de cerrar el proceso penal con un proceso abreviado tal cual se puede hacer hoy en día según el art. 272 del C.P.P.
¿En criollo? Que el político que comete un delito con los recursos públicos del pueblo sea juzgado como un ciudadano común y responda como tal, evitando condenas ridículas como las recibidas por el ex intendente de Artigas, la ex diputada de Artigas y su banda.
Ni más ni menos, si la clase política sinceramente busca mejorar su imagen frente a quienes definen en definitiva quien ocupa tal o cual lugar, las señales o los mensajes deben ser claros.
¿Por qué excluir la posibilidad del proceso abreviado es una señal? Porque el político deshonesto que cometa el delito por el cual se le acuse e investigue no podrá negociar ni figura delictiva, ni pena, ni forma de pagar esa condena, etc., al menos ninguna diferente a la que tenga ningún otro ciudadano de éste país. Si el delito amerita determinada condena, cárcel o no, que se cumpla y no que se canjee por un barrido de plazas o escuelas, además del resarcimiento económico al Estado (nosotros) cuando ello corresponda.
Zubía los invitó, respaldado por nuestro candidato a presidente Andrés Ojeda, pero solo los legisladores Nibia Reisch por Colonia y Walter Cervini por Canelones, ambos del Partido Colorado acompañaron, ningún legislador de la oposición o de los socios de la coalición se animó a adherir al proyecto.
Por si quedaban dudas que el diputado Zubía no responde a intereses colectivos ni corporaciones, por si quedaban dudas de porque molesta en el Parlamento, por si algún despistado o despistada no entiende porque la 9007 fue la lista más votada del Partido Colorado.
