Por Andrés Torterola
Entrevistado por CAMBIO, el coordinador de la bancada de ediles del Frente Amplio en Salto, Mario Furtado, sostuvo que la solicitud de llamado a sala al intendente, destinada a que brinde explicaciones sobre el cese de 292 funcionarios de la Intendencia de Salto y que ingresará mañana jueves 2 de octubre al Legislativo departamental, “no fue forzada”. Furtado señaló que una edil no acompañará la iniciativa, ya que se trata de una dirigente que había pasado del Partido Colorado al Frente Amplio y ahora retorna a su colectividad de origen. Agregó que otro curul también planteó objeciones, aunque subrayó que, en términos generales, la propuesta cuenta con el respaldo mayoritario de los ediles.
FUERON PUNTEROS POLÍTICOS
Al ser consultado sobre las declaraciones de la exdiputada del Frente Amplio por Salto, Catalina Correa, quien sostuvo en un programa radial que los 292 funcionarios cesados por el intendente Carlos Albisu habían ingresado de manera irregular -sin concurso ni sorteo, en su mayoría como punteros políticos, y además con ingresos y presupuestaciones en año electoral-, Mario Furtado señaló que, tras esas manifestaciones, la edil suplente Catalina Correa le manifestó su acuerdo con la solicitud de llamado a sala al intendente para que explique por qué no respetó el convenio colectivo.
PREPARACIÓN
El lunes 29 de septiembre, la bancada del Frente Amplio se reunió para coordinar y elaborar las preguntas que serán dirigidas al intendente Carlos Albisu o a quien él designe para representarlo. El coordinador de bancada, Mario Furtado, señaló que hasta el momento el intendente no se ha pronunciado directamente sobre el tema, limitándose a una conferencia de prensa en la que informó que los funcionarios fueron cesados porque “el convenio había sido mal hecho”. En cambio, el secretario general, Walter Texeira Núñez, sostuvo que esas presupuestaciones constituían “un acto de gobierno”.
PROBABILIDADES
DE GANAR
“No tenemos mucha claridad sobre por qué bajaron el convenio. Sabemos que fueron asesorados por personas de afuera del departamento, pero en realidad nunca explicaron los motivos. Es evidente que se trata de un tema político y queremos que nos lo digan, porque se trata de una situación muy importante para los funcionarios que van a presentar un reclamo”, afirmó Furtado. Advirtió que, si alguno de los 292 funcionarios cesados reingresara a la Intendencia a través de los mecanismos que estaría instrumentando el gobierno, perdería automáticamente la posibilidad de presentar un reclamo judicial. Agregó que, en caso de ser convocados por la comuna, muchos trabajadores optarían por no presentarse, ya que técnicamente cuentan con altas probabilidades de ganar un juicio que les restituya el puesto y les reconozca la indemnización correspondiente.
