Dr. Fulvio Gutiérrez
La semana pasada ocurrió en la Cámara de Senadores un hecho insólito, causado por una decisión de los legisladores del Frente Amplio de retirarse de sala, en base a una argumentación jurídicamente errada, pero que, además, había sido usada por el FA en su propio interés, en años anteriores.
Lo que ocurrió fue lo siguiente: el oficialismo citó a la Cámara de Senadores para tratar en forma extraordinaria, algunos proyectos de ley que estaban en trámite desde hacía un tiempo, y existía el interés en que se consideraran y aprobaran antes de la finalización de este período de gobierno. El Frente Amplio cuestionó desde el inicio esta convocatoria y solicitó el levantamiento de la sesión, a través del senador Caggiani. Fundamentó su solicitud, en el hecho de que se estaba en el medio de la transición, y que la convocatoria no respetaba el resultado de las elecciones de noviembre, donde el Frente Amplio resultó victorioso. Agregó que, en la transición del año 2019, la coalición de izquierda no había aprobado ningún proyecto sin el acuerdo de todos los partidos. En verdad, la crítica que hacen los legisladores frenteamplistas, es que se recurre a las mayorías de un gobierno saliente para dar tratamiento “exprés” a iniciativas que no habían pasado por las respectivas comisiones.
En verdad, lo ocurrido me sorprendió sobremanera, porque quien está ocupando un cargo de legislador, tiene la obligación de conocer las normas jurídicas que regulan su actuación, así como las competencias y los cometidos que tiene los órganos del Poder Legislativo durante todo el período de gobierno. A vía de ejemplo, en el Poder Legislativo, hay dos cosas a conocer de entrada: el “período legislativo” que es de un año, y la denominada “legislatura”, que es de cinco años. Por otra parte, el período de gobierno es de cinco años.
En respuesta a la actitud del senador Caggiani, el senador Jorge Gandini le aclaró que aún está vigente el actual período de gobierno, que finaliza recién el 28 de febrero, y por eso a los senadores les pagan el sueldo hasta el último día. Recordó que Caggiani faltaba a la verdad, y afirmó que la situación planteada no era nueva y el FA ya la había utilizado con anterioridad. Recordó que el 4 de diciembre de 2019, en los días finales del período anterior, cuando ya había ganado el Partido Nacional, pero el Frente aún tenía mayoría en el parlamento (50 diputados y 16 senadores), el FA ingresó dos proyectos del Poder Ejecutivo, y ese mismo día de tarde, se votaron siete proyectos de ley. El 10 de diciembre ingresaron tres proyectos y se votaron cuatro proyectos de ley. Algunos por unanimidad, otros no.
Bueno es aclarar, entonces, que la Constitución de la República dispone que los períodos de gobierno en el Uruguay son quinquenales, esto es, van desde el 1º de marzo siguiente a las elecciones nacionales, hasta el 28 de febrero (o 29 si fuera bisiesto), del año siguiente a las nuevas elecciones. Y las autoridades del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo (que es lo que interesa a estos efectos), ejercen sus cometidos y sus competencias durante todo ese tiempo en forma perfectamente legítima. Y en todo ese período, su vigencia es total, ya sea el primer día como el último. A esos efectos, el denominado periodo de “transición” es un invento de la mecánica política que no tiene previsión jurídica, constitucional, y que si tiene una importancia practica para que el gobierno que se retira, pueda informar al que asume los datos que decidan compartir. Nada más.
Una vez más, quedó demostrado el estilo del Frente Amplio. Actuar bajo el criterio de la conveniencia, ya sea cuando el derecho lo ampara, como cuando no, y en este caso, inventar argumentos falaces y hasta absurdos. Para aclarar, disculpen la comparación; una ley aprobada en el período de transición, vale tanto como un gol convertido en los descuentos finales de un partido de fútbol.
