Por el Dr. César
Signorelli
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Coinciden todas las previsiones en que para junio de este año si no median determinadas intervenciones, la Caja de Profesionales no contará con recursos para hacer frente a sus obligaciones.
Algunos especialistas califican la situación de crisis, y otros agregan que podría transformarse en desastre.
Durante muchos años la Caja era plenamente solvente y se verificaba no solo un equilibrio, sino cierto superávit. Pero factores varios que no fueron atendidos a tiempo llevaron a este estado, al que se llega se puede decir que en situación de ahogo, luego de que no aprobara la iniciativa legislativa del año pasado.
Uno de ellos es el envejecimiento de la población, al que no sólo no escapa el universo de personas comprendidas en el sistema, sino que incluso lo supera en términos comparativos.
A esto se suma un menor número de cotizantes y mayor de beneficiarios. Egresan más profesionales, pero un número superlativamente menor se afilia, con lo que se reducen los ingresos.
Como consecuencia de lo anterior se produce un efecto determinante, que es la pérdida de confianza en la Caja, dados los reiterados anuncios fatalistas de ya hace unos cuantos años, lo que llevó a la no afiliación y por ende a la no aportación a miles de profesionales, los que no obstante inician o siguen ejecutando sus actividades sin mayores trabas.
Las demoras en la solución han reducido los márgenes de maniobra.
Ahora bien, la pregunta es quién y cómo se habrá de solucionar el tema si cristaliza la voluntad política en ese sentido. Adelantamos a expresar que seguramente a todos se les habrá de exigir un mayor o menor sacrificio (o aporte).
El Estado ya se ha pronunciado a través de Ministro de Economía que no se habrá de hacer cargo a través de un salvataje que demande su exclusivo aporte, o sea a través de transferencia directa de recursos, lo que implica tomar dinero recaudado por tributos y volcarlos directamente. Deberá no obstante tomar la iniciativa legislativa, pues cualquier solución necesita una ley.
Un primer tema a dilucidar es si se continúa con la autonomía de la gestión o se unifica en el BPS. Pareciera que se iría por el primero de los caminos, pero con una gestión más controlada y con mayor intervención estatal.
La respuesta a cómo se habrá de solucionar, de acuerdo a los anuncios, pasaría por la ya aludida asistencia directa parcial, a lo que se agregaría mayor aporte de cotizantes y también de beneficiarios.
Deberá analizarse con especial énfasis el colectivo de cotizantes, el que presenta dificultades para aportar, pero también notorias facilidades para evadir la cotización sin prácticamente ninguna consecuencia, a diferencia de lo que ocurre con un trabajador común afiliado al BPS que lisa y llanamente estaría impedido de trabajar en esas condiciones.
Panorama complejo, cuya solución no admite la menor demora.
