Por Pablo Perna
“La venta de los derechos federativos del fútbol es un sector de riesgo porque el pase de un jugador es de un valor intangible. ¿Cuánto vale el pase de Messi o del “Pajarito” Valverde?, ¿150 millones de dólares?, ¿Por qué no 200 millones o 50 millones? Una SAD puede ser usada para lavar dinero, pero también un club de fútbol…”. Estas palabras fueron vertidas por el prosecretario de presidencia Dr. Jorge Díaz esta semana en el Parlamento al ser presentado el proyecto anti-lavados de Yamandu Orsi.
En el Uruguay desde siempre existen sociedades comerciales cuya única finalidad es obtener ganancias económicas para la sociedad y sus socios; en 1989 se aprueba la ley 16.060 que entre diferentes figuras societarias crea la “Sociedad Anónima”, esto significa que los verdaderos dueños de la sociedad son los accionistas los cuales son anónimos, nadie puede saber quiénes son. Por este motivo por muchos años narcotraficantes o personas que pretendían lavar dinero o evadir a la justicia, compraban sociedades anónimas con dicha finalidad y actuaban hacia el mundo exterior con un representante, generalmente testaferro e insolvente.
En el año 2001 se aprueba la ley que crea las “Sociedades Anónimas Deportivas” o por sus siglas “SAD”, con la finalidad de profesionalizar el deporte en Uruguay para que los clubes puedan captar inversores y que sus socios logren obtener ganancias lucrativas, en virtud que la SAD puede estar integrada por cualquier persona física o jurídica, nacional o extranjero, además de las amplias ventajas en exoneraciones tributarias a diferencias de las Sociedades Anónimas tradicionales. Lo que se esperaba es que todas las asociaciones civiles propietarias de clubes deportivos donde sus afiliados no pueden obtener ganancias por no tener fines lucrativos, buscaran alternativas para emprender y profesionalizar el deporte.
La realidad ha indicado que a 24 años de las creaciones de la SAD existen en el Uruguay únicamente 59, de las cuales 31 son SAD dedicadas exclusivamente al fútbol y que hoy se encuentran bajo la lupa de la “Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento para el Terrorismo” (SENACLAFT). El Banco Central el mes pasado ha denunciado en fiscalía a la SAD administrada por el club Boston River por ser destinataria de varios millones de dólares provenientes de la Federación Venezolana de Fútbol mediante el banco BANDES, se suma los U$S 2.3 millones de dólares que ha recibido Nacional provenientes de una cuenta de Barbados propiedad de Boston River SAS.
En el 2019 Uruguay crea para contribuir al apoyo de pequeños comerciantes y emprendedores las “Sociedades de Acciones Simplificadas” (SAS), que tiene las mismas ventajas jurídicas que las SA, pero con un costo mucho más barato, que podría oscilar entre U$S 1000 dólares, y en una semana sin burocracia quedan prontas. Lamentablemente esta herramienta que ha contribuido para la promoción de los que se aventuran a invertir en nuestro país y generar fuentes de empleo, hoy también el Gobierno de Orsio pretende ponerle mayores controles en procura de evitar lavados de activos, advirtiendo que figuras similares a estas en Chile han sido utilizadas por el narcotráfico para lavar millones de dólares.
Lamentamos vemos que justos deberán pagar por pecadores y que una herramientas jurídicas que ha contribuido para ayudar a los emprendedores, hoy se pretenda desde el Estadio ponerle piedras en el camino. Esperemos sensatez en el Gobierno.
