Por Carlos Arredondo.
Cuarenta y cuatro personas privadas de libertad salen a trabajar cada jornada en el marco de un convenio firmado entre el Instituto Nacional de Reclusión (INR)y la empresa local Naranjales Guarino, desempeñando tareas de cosecha en la zafra de la naranja que actualmente se viene llevando adelante. Así lo confirmó a Cambio la Directora de la Unidad Número 20 del INR – ex cárcel departamental – , María de los Ángeles Machado, quien además aseguró que el presente es el año que mas cantidad de personas privadas de libertad trabajan a la cosecha.
CUARTO AÑO
La Directora explicó que el convenio, que se aplica por cuarto año consecutivo, pretende nuclear a más personas privadas de libertad, pero por ahora son solo estas las personas que tienen el beneficio, debido a que la capacidad del ómnibus que los transporta diariamente hasta el lugar de trabajo, tiene esa capacidad máxima, aunque aclaró que para definir el número de reclusos se tiene en cuenta los lugares para los custodias. «Este es el cuarto año que la empresa Guarino trabaja con nosotros, y este es el año que mayor cantidad de personas privadas de libertad salieron», afirmó.
Según Machado la delegación va con custodia policial, y con un operador carcelario. Explicó que «este es el segundo año que le sumamos a la tarea, que vaya un operador carcelario. Pero (el operador carcelario) va en una cuestión más educativa, que es algo que venimos desarrollando desde el año pasado y se sostiene este año. Porque en realidad toda la parte técnica, de abordaje, está dada por los operadores penitenciarios, que son los que trabajan dentro del recinto carcelario; la policía hace una cuestión de seguridad periférica», afirmó.
¿QUIENES SON LOS BENEFICIADOS?
Al momento de explicar cuáles son las características de los reclusos que ingresaron al convenio, la Directora del centro de reclusión explicó que «el estudio legal de los casos que pueden ir a trabajar, lo hace el instituto Nacional de Criminología ( I.N.C.). Se empieza a trabajar mucho tiempo antes- este año se empezó a fines de enero, principios de febrero -, enviando carpetas.
El INC prevé algunas consideraciones: Que tengan delitos menores, que tenga cumplidas dos tercios de la pena y un proceso técnico que generalmente es sustentado en que hayan pasado por la actividad educativa. En base a eso el INC es quien se expide y quien habilita, por la potestad que tiene el INR, que es el decreto 120, de salir bajo custodia policial, en este caso en el marco del convenio con Guarino».
APORTES A SOLIDARIDAD
Machado afirmó que nunca en estos cuatro años, la tarea de los convenios extra muro ha revestido algún inconveniente. «Generalmente las personas que tienen este beneficio, la aprovechan muy bien. Porque primero que nada es un salario, que es pago basado en la inclusión financiera. O sea que tienen una tarjeta para el cobro, y ese cobro no lo hace la persona privada de libertad, sino que lo hace su familia. Esto es brindado a la familia, que son la tutela del salario, que son quienes realizan el cobro y para los casos que no tienen familia, se va guardando en un fondo para cuando salga en libertad. La institución no maneja el salario personal de ninguna persona privada de libertad. Si no tuvieran quién se los cobre se lo guarda para el día que salgan». Dijo también que la empresa se encarga del aporte al BPS, y a su vez, lo que se hace desde hace casi dos años, es que a cada uno se le descuenta el correspondiente porcentaje para aportar al Fondo de Solidaridad con las Víctimas del Delito, que es un fondo creado por ley, para resarcir a las víctimas de delito. Eso está establecido y todo lo que son salarios a personas privadas de libertad, que perciban un salario debe realizársele el descuento». María de los Ángeles Machado dijo que el convenio se extiende hasta el final del período de zafra.
