Desde hace muchos años nos ocupa la idea de la instalación de una Zona Franca en Salto.
Hay doce en el país y se proyecta otra en Punta del Este, concretamente de servicios, ubicada en pleno centro, en la Avda. Gorlero en un edificio de 25 pisos que se está construyendo con ese fin.
Las dos primeras cuentan con casi cien años.
Básicamente son exclaves aduaneros determinados por el Poder Ejecutivo, aislados de todo centro urbano y su finalidad es el de descentralizar actividades de logística, industriales (con ciertos requisitos) y servicios, para lo cual se las exonera de todo tributo.
La finalidad es muy clara. Atraer inversiones al interior de nuestro país y de esa forma generar empleo de calidad fuera de la Capital y su zona de influencia.
De hecho en la actualidad ocupa a 15.000 personas, cuyos salarios se ubican en el eje de los $ 150.000. De tal modo, la renuncia a los ingresos por tributos se compensa (parcialmente) con los aportes a la Seguridad Social por los empleados y el IVA generado por el consumo que se deriva de sus remuneraciones. Además, obviamente, de la generación de esos empleos en zonas geográficas particularmente sensibles.
Pero se acaba de producir un cambio drástico, del que se tenía noticia y al que se veía como de escasa posibilidad de concreción. Pero finalmente se produjo.
En la OCDE celebraron acuerdo 130 países por el cual se estaría estableciendo un impuesto mínimo de un 15 por ciento a las multinacionales, con la finalidad de restringir la competencia fiscal y dotar de un mínimo de uniformidad fiscal internacional en la etapa posterior a la pandemia.
Y en el acuerdo quedarían incluidas las actividades en Zonas Francas, con lo que -en principio- parecería perder sentido que nuestro país les mantenga las exoneraciones, ya que en ese caso quedarían gravadas por el Estado de origen de la empresa. Perdería sentido entonces su propia existencia.
No obstante, hay quienes opinan que existen tantos regímenes especiales en todo el Mundo, que es posible pensar en que se mantenga el régimen de excepción. Siempre y cuando efectivamente cumpla con la causa de excepcionalidad.
De hecho Uruguay sigue avanzando en la materia, por ejemplo con el aludido proyecto en Maldonado y con un proyecto de ley que permitiría el trabajo de los empleados de Zona Franca mediante la modalidad de teletrabajo, como forma de sortear un requisito ineludible para el régimen de exclusión, que es la prestación del servicio dentro de los límites del espacio físico.
Pero cabe recordar que la idea inicial de las Zonas Francas, o sea, su razón de ser y lo que justifica el régimen de exclusión tributaria, fue promover la descentralización industrial y productiva del país, aspecto que no parece verse contemplado en las que se ubican en Montevideo ni tampoco en la que se proyecta en Punta del Este (dado que en términos relativos es la ciudad que le sigue en importancia a la Capital).
Va a resultar entonces bastante difícil para nuestro país justificarlas como regímenes excepcionales y muy probablemente se vea obligado a ingresarlas al régimen tributario común, o por lo menos al mínimo pactado en la OCDE.
En cambio Salto cumple a cabalidad con la finalidad legal en la que se funda el régimen de excepción y que seguramente respetará el pacto de la OCDE, a lo que cabría agregar que se encuentra en una ubicación privilegiada en materia de servicios -fundamentalmente profesionales- dada la variada oferta universitaria, lo que dotaría de un elemento central y decisivo en esa materia, que es la mano de obra calificada.
De tal modo, a la luz del acuerdo de la OCDE, una Zona Franca en nuestra ciudad cuenta con muy buenas posibilidades de justificación y, por ende, en óptimas condiciones para postular.
