Por Gustavo Chiriff
Muchos recordamos hace 6 años atrás cuando resonaba en todos los medios y constantemente, el “Renuncia Bonomi”, cuando los distintos medios hegemónicos del país, ante hechos de violencia e inseguridad que ocurría en distintos puntos del país, amplificaban a más no poder los mismos, en una clara injerencia de poder influenciar la opinión pública en términos políticos partidarios.
Hoy no está Bonomi para echarle la culpa, pero los que señalaban con el dedo y decían que tenían la solución, fracasaron con total éxito. Lo que pregonaban en su campaña electoral, que “se terminaría el recreo”, que estaban preparados para gobernar, fue una improvisación detrás de otra en materia de seguridad. La violencia sigue siendo el principal problema por resolver, sin embargo, se la pretendió combatir con ella misma como protagonista. La droga no deja de ser uno de los ingredientes que la promueven, pero no es la única y quizás, tampoco sea la principal, aunque seguramente tiene un alto protagonismo.
Hoy en el Uruguay la seguridad pública se es el problema principal que más les preocupa a los uruguayos, más del 50 % cree que el principal problema del país hoy es la inseguridad y la delincuencia, luego mucho más atrás la preocupación está en la economía (empleo, sueldos, pobreza), luego educación, corrupción, salud y el gobierno. Desde hace mucho que no veíamos en una medición de cómo se percibe el país, el tema de corrupción, pero este análisis para hacer otra columna. En términos estadísticos, la percepción de la gente respecto a la inseguridad es la misma que se tenía en el 2019, con el agravante que los delitos son mucho más violentos y complejos.
Con una tasa de 11,2 homicidios cada 100.000 habitantes, las cifras de Uruguay duplican el promedio mundial. La Organización Mundial de la Salud define como fenómeno epidémico, cuando la tasa de homicidios es más de 10 homicidios cada 100.000 habitantes. En Uruguay ya estamos por encima de eso y desde el gobierno no se vislumbra un rumbo claro para torcer esta tendencia. Según datos oficiales se señala que la tasa de Uruguay aumentó un 37% entre 2012 y 2022, al pasar de 7,8 a 10,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, con oscilaciones significativas en ese intervalo.
Que propone el Frente Amplio para esta situación:
Crearemos un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con capacidad para diseñar, articular y evaluar una política adecuada a los desafíos del siglo XXI. Implementaremos un Plan de Prevención del Delito desde una perspectiva interinstitucional a través del diseño de modelos de prevención territorial y comunitaria. Rediseñaremos la estrategia para abordar el fenómeno del crimen organizado y el narcotráfico, evitando que continúe la expansión y agravamiento registrada en los últimos años. Se robustecerá la política antilavado aplicando con determinación la ley integral aprobada en2019.
Estas, entre otras medidas, es lo que se está proponiendo desde el FA para revertir la dramática situación que vive el país.
