Por Pablo Vela
Gonzalo Civila criticaba. Betiana Díaz criticaba. Carolina Cosse criticaba. Todos, en su momento como oposición, alzaban la voz con fuerza frente a la inacción del gobierno cada vez que el invierno dejaba al descubierto las debilidades del sistema. Pero hoy, desde sus espacios de poder o con responsabilidades más cercanas, muchos de ellos eligen el silencio o, peor aún, las excusas, tontas excusas.
¿En qué momento pasamos de la exigencia a la justificación? ¿Cuándo se volvió aceptable que la misma desidia que se denunciaba ayer, hoy se defienda con tecnicismos, comunicados o promesas vacías?
El invierno no es nuevo, ni sus consecuencias una sorpresa. Cada año, las lluvias dejan a decenas de miles de personas en situaciones críticas: casas anegadas, asentamientos intransitables, caminos cortados y centros de evacuación saturados. Lo mismo con las olas de frío y la falta de lugares acondicionados para recibir a los compatriotas que no tienen ese techo tan necesario.
Lo más preocupante no es solo la falta de respuesta inmediata, sino la falta de planificación estructural. En barrios enteros aún no se han hecho obras de drenaje mínimas. Las zonas rurales continúan desconectadas. Y mientras tanto, se siguen recitando discursos sobre sensibilidad social, inclusión y justicia territorial.
La credibilidad se pierde cuando la crítica que antes se usaba como herramienta de vigilancia, se transforma en complicidad o silencio. La doble vara frenteamplista que tantas veces hemos denunciado desde estas columnas.
La coherencia es uno de los valores más escasos en la política, pero también uno de los más necesarios. Si ayer se exigía responsabilidad, hoy no se puede mirar para otro lado.
Pero a la mayoría les pesa el rédito político, rinde más la especulación. Son amigos de los intereses y del poder, de los viajes en primera, de las fiestas costosas, el asunto fue llegar pisando los sueños de cualquier uruguayo: del necesitado, del que ignora como funciona el sistema, del que cree en lo que dicen.
La ciudadanía no olvida. No se trata solo de lluvias, sino de abandono. No se trata del clima, sino de la respuesta. Y no se trata de partidos, sino de personas. Lo que está en juego no es una narrativa política, sino la dignidad de quienes cada invierno sufre mientras otros se excusan. Las consecuencias no son solo materiales: son humanas. Familias que pierden sus hogares, estudiantes que dejan de asistir a clases, agricultores que ven sus cultivos arruinados, y zonas rurales que quedan incomunicadas. La respuesta estatal suele ser tardía y reactiva, centrada en apagar incendios en lugar de evitar que se enciendan.
Esta falta de previsión revela una desconexión profunda entre el gobierno y los sectores más vulnerables. ¿Por qué cada invierno se convierte en una emergencia, si se trata de un fenómeno predecible? ¿Dónde están los planes de contingencia, las obras de mitigación, el presupuesto de prevención?
Es urgente que se transite del discurso a la acción. Las lluvias no se pueden detener, pero sus efectos sí se pueden mitigar con planificación, inversión pública y voluntad política. El invierno no debería ser una catástrofe: debería ser una prueba de eficiencia. Y, por ahora, el gobierno la sigue reprobando.
