En un hecho sin precedentes para el Carnaval de Salto, la Asociación de Escuelas de Samba (ACSES), ha emitido un reglamento que prohíbe las opiniones y los análisis de los comunicadores, transformando la cobertura periodística en una mera oficina de propaganda institucional. El Carnaval, históricamente celebrado como la máxima expresión de la libertad y el desenfado popular, enfrenta hoy un sombrío panorama en el departamento de Salto. La Asociación Civil Salteña de Escuelas de Samba (ACSES) ha hecho público sus «Requisitos y Pautas para la Prensa» de cara a la edición 2026, un documento que, bajo la apariencia de «orden institucional», esconde una estructura de censura previa que atenta directamente contra el ejercicio libre del periodismo.
FIN DE LA CRÍTICA PERIODÍSTICA
El punto más polémico del documento -específicamente en su apartado de «Alcance de las pautas y neutralidad»- establece que los medios y creadores de contenido deberán mantener una «postura estrictamente neutral». Sin embargo, la organización va más allá de la simple neutralidad al prohibir expresamente:
- Emitir juicios de valor o comentarios que impliquen calificaciones.
- Realizar rankings o comparativas propias antes de los resultados oficiales.
- Cualquier tipo de análisis que la organización considere una «descalificación».
Esta normativa anula la esencia misma del periodismo de espectáculos y cultura: la capacidad de evaluar, comparar y opinar sobre una puesta en escena artística. Al prohibir las calificaciones, ACSES no solo protege la imagen de las escuelas, sino que amordaza el criterio profesional de quienes han sido formados para analizar el arte del carnaval.
ACREDITACIÓN COMO MECANISMO DE EXTORSIÓN
Lo más alarmante de este reglamento es el uso de la acreditación de prensa como una herramienta de control. ACSES advierte de manera tajante que el incumplimiento de estas pautas derivará en la «retirada inmediata de la acreditación» y la interrupción de la transmisión en vivo. Este mecanismo convierte el acceso a la información —que se desarrolla en la vía pública (calle Uruguay) y con el apoyo de la Intendencia de Salto— en un privilegio condicionado a la obediencia. Es, en esencia, un contrato de adhesión donde el periodista debe renunciar a su subjetividad a cambio de que se le permita trabajar.
PRECEDENTE PELIGROSO
La justificación de la organización se basa en evitar la «confusión» y el «perjuicio institucional». No obstante, en una sociedad democrática, la «confusión» se combate con más información y diversidad de voces, no con el silencio impuesto. Al intentar controlar incluso los encuadres fotográficos (evitando lo que ellos consideren «inapropiado»), ACSES cruza la línea entre la organización logística y la curaduría editorial forzada.
RECHAZO
Ante esta situación la Asociación de Profesionales de la Comunicación (APC), rechaza las reglas que se pretenden imponer a los medios de comunicación de no poder emitir opinión. APC señala que “controlar o coartar” la libertad de expresión no es otra cosa que censurar.