Dr. Álvaro Lima
Diputado FA Salto
El pasado jueves 2 de abril se aprobó, luego de un extenso debate parlamentario, la creación de un fondo para atender la emergencia sanitaria por la que atraviesa nuestro Departamento y el país.
Mediante un impuesto quedan atrapadas todas las remuneraciones de funcionarios/as públicos cuyos ingresos líquidos mensuales alcancen o superen los 80 mil pesos.
Se trata de una ley de 12 artículos y de alcance temporal ya que regirá en principio durante los meses de abril y mayo de 2020; aunque se puede prorrogar considerando el tiempo que insumirá la alerta epidemiológica.
En ocasión de su discusión, expresábamos que nos parece muy oportuno por la situación epidemiológica que se vive; generar recursos en momentos en que observamos debilitamiento social y económico en varios sectores de nuestra población.
Esta prioridad de salud deja atrás, la falta de cohesión y armonía legislativa que describe esta ley y algunos aspectos que fueron incluidos, ya que estaban ausentes como ser los controles y fiscalización de a dónde irán esos recursos generados.
Hay además, algunas consideraciones que manifestamos y refieren a la igualdad y a la razonabilidad que no han sido considerados ni plasmados.
Este fondo de coronavirus afecta exclusivamente los ingresos del sector público pero no tiene en cuenta a los sectores económicos más favorecidos, a lo que cuentan con ingresos significativos y que consideramos están en condiciones de hacer el esfuerzo que se nos pide desde el gobierno nacional.
La solidaridad debe de ser plasmada y es un valor esencial que debe de abarca a toda la población y como quedó aprobada, existe una doble imposición tributaria para funcionarios públicos.
En nombre de una solidaridad muy mentada, éste aspecto último puede dar lugar a acciones de inconstitucionalidad por parte de trabajadores del sector público.
Dijimos además, que se lesiona el principio de razonabilidad en relación a distinguir entre públicos y privados y a la hora de gravar con el impuesto; contribuyen solamente algunos.
Esta ley necesita que los agro exportadores, los ganaderos, empresarios agropecuarios la banca privada, las industrias, los centros comerciales aligeren sus bolsillos y colaboren.
Solo así será de igual a igual. Únicamente de ésta forma, las autoridades del gobierno nacional demostrarán que la solidaridad es real y justa. Queremos comprobar que la mirada no se posa en un lugar sino que se desliza hacia la totalidad de quienes habitamos nuestro territorio.
Debió haber quedado plasmado, expresamente previsto en la norma y no librado a la voluntad. Porque la voluntad no obliga y la ley si.
Con esto queremos reivindicar que estamos de acuerdo con lo aprobado, que la urgencia y excepcionalidad no nos permitía seguir esperando. En lo personal contribuiremos con un 20% de nuestro salario por ser legislador y ya hemos renunciado a una partida presupuestal (prensa).
Pero hay algo que ha faltado y quebrado la igualdad ante las cargas públicas. Desde el movimiento sindical, desde su Secretariado y desde la fuerza política se le solicitó al Presidente que se ensanchara la base tributaria en ésta ley aprobada.
No pudo ser. No ésta vez cuando la Nación necesita de todos y todas. Cuando se invoca la solidaridad hasta desfallecer y en los hechos no ha sido plena. No se pudo dar. Una vez más, no fue de igual a igual.
