Dr. Fulvio Gutiérrez
El periodista Gerardo Sotelo, que fue designado nuevo director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (SECAN), dispuso que a partir del 29 de abril pasado, los contenidos informativos y periodísticos de los medios públicos deben ser previamente “consultados” con el coordinador Jorge Gatti, “antes de iniciarse el proceso de producción”. Entiende que hay que establecer principios y criterios profesionales comunes “como servir al interés público, balancear las opiniones, reflejar todos los puntos de y vistas relevantes para la compresión de los hechos, y presentarlos de forma imparcial”. Para eso, hay que ajustarse a una “guía de principios, prácticas y estándares de calidad”, inspiradas en otras corporaciones de medios públicos de mayor prestigio y reconocimiento internacional.
La Mesa del Frente Amplio, rechazó la designación de Sotelo, así como el contenido de la orden precitada, en virtud de considerarla una censura previa, lo que llevó al periodista a explicitar mejor el contenido y finalidad de la misma. No compartimos esa calificación porque establecer un orden de trabajo y jerarquías, no es censurar.
Sotelo aclaró que su intención es aplicar en el Uruguay las mejores prácticas del periodismo profesional (BBC de Londres, RTE de España, etc.), rechazando programas o profesionales que reflejen la mirada de su propia ideología y partido, por tratarse de un medio público donde lo político, lo social, lo cultural, lo religioso debe ser encarado como un servicio a la comunidad, que siempre tiene sobre estos temas miradas diferentes que se deben respetar. Se creará una comisión independiente de tres profesionales de la comunicación de diferente pensamiento político, presidida por el periodista Tomás Linn, que evaluará los casos y sugerirá las correcciones. Analicemos.
Partamos de la base de que los medios estatales no pueden estar al servicio del gobierno de turno, ni de gobernantes o jerarcas públicos que pretendan imponer sus opiniones político-partidarias, o su ideología, cualquiera fuere ella. Para eso, debe dejarse de lado la actual anomia, y crear normas claras que regulen la presencia de todas las opiniones en forma equilibrada, sin un tinte oficial. Sabido es que durante muchos años, y no solo en los gobiernos frentistas, se bajaba una línea editorial sesgada. Se confundía el material pro-gobierno, con información de interés público y la Ley de Medios resulta el último ejemplo de esa orientación oficialista. En la práctica reciente, basta escuchar las preguntas que le hacen al Presidente en sus conferencias de prensa vespertinas, para comprender la evidente intención izquierdista de algunos periodistas. El conocido periodista Miguel Nogueira dijo una vez que el único momento en que las presiones afines al gobierno no se hicieron sentir, fue durante la administración de Jorge Batlle. Eso es lo que hay que cambiar, y la tarea se la encomendaron a Gerardo Sotelo.
Claro, Sotelo es un profesional con una reconocida trayectoria, que además no es un improvisado. Es un “duro” para ordenar y reencaminar una organización de la cual se ha abusado tanto. No se trata, entonces, de censurar. Se trata de crear una estructura que permita consultar a un jefe de información, a un secretario de redacción, y a un director, para que lo que se publique, no sea una información gubernamental, sino una información de interés público, pero no partidaria y menos propaganda gubernamental. Los órganos del Estado con competencia en la comunicación oficial, deben cuidar que no se los use para propaganda del propio gobierno, o de políticos abusadores.
Entonces, no hay censura, ni Catones como lo señala el Frente Amplio. La idea es crear un orden, que sea justo, equilibrado, y que respetando las ideas de todos, destierre de una buena vez ese intento fallido de imponer ideologías a través de los medios estatales de comunicación. Eso sí. Sotelo debe renunciar a su posible candidatura como primer suplente de Laura Raffo a la Intendencia de Montevideo. Ambos cargos, son sin duda, incompatibles.
