domingo 25 de septiembre, 2022
  • 8 am

Una omisión imperdonable

Fulvio Gutiérrez
Por

Fulvio Gutiérrez

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Por el Dr. Fulvio Gutiérrez
La ley No. 18.227 de 1/8/2018 creó un beneficio económico de suma importancia que está identificado en la propia ley como “Nuevo sistema de Asignaciones familiares a menores en situación de vulnerabilidad“. La norma introduce, a partir del 1º de enero de 2008, una variación en el sistema de asignaciones familiares consistente en prestaciones monetarias a servirse mensualmente por el Banco de Previsión Social, en beneficio de niños y adolescentes, que residan en el territorio nacional y que integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica o estén en atención de tiempo completo en establecimientos del INAU o en instituciones que mantengan convenios con dicho Instituto.
A su vez, el Artículo 6º de dicha ley describe los requisitos para el otorgamiento y el mantenimiento de la percepción de la prestación mencionada, y entre ellos está la inscripción y concurrencia asidua del beneficiario a institutos de enseñanza estatales o privados autorizados por el órgano competente.
En la semana que pasó, el MIDES, comunicó que va a proceder a la suspensión del pago de 11.500 asignaciones familiares (536 en Salto), en virtud que los padres de los beneficiados, no presentaron en tiempo y forma el certificado de escolaridad, que acredita la concurrencia a los institutos de enseñanza mencionados.
Hablando en criollo, esos menores y adolescentes (nada menos que 11.500), no van a cobrar más el beneficio de la asignación familiar, porque sus padres o responsables legales (verdaderos irresponsables), no han presentado el certificado de escolaridad que corresponde. ¡No resulta ni lógica ni creíble tamaña omisión!
Pero ocurre que esta no es la primera vez que pasa eso. Pasó antes y para un número mucho mayor de beneficiarios. En el mes de junio de 2013, el BPS anunció en conferencia de prensa, la suspensión del pago de 32.558 asignaciones familiares en todo el país por no haberse constatado matriculación en centros educativos formales. ¡El 71% correspondía a mayores de 14 años! Y por si esto fuera poco, en junio de 2014, el BPS anunciaba lo mismo para varios miles más de beneficiarios de la prestación por no acreditar su escolaridad. En los años posteriores no se suspendieron estos pagos sólo porque no se controló la asistencia.
Resulta poco creíble que los padres o responsables de esos niños y adolescentes, cometan semejante omisión. Porque no tiene lógica perder una suma de dinero que reciben para alimentar a sus hijos en el integral sentido de la palabra, y además porque los están sacando del sistema educativo nacional, que es gratuito y que paga dicha prestación para favorecer su formación educativa. Para colmo, la enorme mayoría, son adolescentes de entre 13 y 18 años, que generalmente viven en zonas de contexto crítico, y por ende, con todo respeto, “presas” fáciles para ingresarlos en el campo de la droga. Me pregunto: ¿qué hacen esos niños y adolescentes durante esas horas diarias que no concurren a los centros de enseñanza, cuando hacerlo es una obligación prevista en nuestra Constitución? ¿Qué piensan sus padres y responsables que por una simple omisión voluntaria, ponen en riesgo la formación de esos menores que dicen representar y por cuya formación psicofísica tienen la obligación de velar? Es en esos barrios, y son esos hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica, donde la enseñanza tiene un rol fundamental, porque los centros educativos son lugares donde la población encuentra algún consejo o solución, además de darles la posibilidad de tener contacto con personas de diferente origen socioeconómico y lograr conocimientos que les abran el camino hacia un futuro laboral digno. Parece una doble contradicción: hay que cumplir con la ley y aplicar la sanción prevista; pero al mismo tiempo, hay que dar una solución para no incrementar la falta de educación que irremediablemente se produce.
La sanción, que es adecuada y legal, deberá ser acompañada no obstante por medidas que retornen a los niños y adolescentes a los centros de enseñanza. Ese es el gran objetivo que el gobierno debe tener en su mira.