Por el Dr. Fulvio Gutiérrez
En la mesa interpartidaria sobre seguridad del Ministerio del Interior, el representante del Partido Colorado, Dr. Andrés Ojeda, propuso la creación de un Ministerio de Justicia. Así, a secas. Entonces yo me pregunto; ¿para qué? No es la primera vez que alguien hace una propuesta semejante, sin indicar con precisión cuál es su contenido.
En principio, la iniciativa tiene un rechazo casi automático, porque se recuerda con tristeza su creación durante el gobierno de facto cívico militar que asoló nuestro país desde 1973 a 1985, destruyendo el sagrado principio de la separación de los poderes del gobierno y subsumiendo al Poder Judicial bajo la “bota” del Poder Ejecutivo.Por eso pregunto: ¿Qué Ministerio de Justicia se quiere crear?
Recuerdo que hace algo más de un año, se reiteró la propuesta con la finalidad de quitar al Poder Judicial, la enorme carga administrativa que tiene, para dársela a un Ministerio de Justicia, y que el Poder Judicial quedara exclusivamente con la competencia jurisdiccional. Dicho de otra forma, las funciones administrativas que debe cumplir la Suprema Corte de Justicia, quitan demasiado tiempo útil al órgano jerarca, para que pueda cumplir con eficiencia y eficacia su más importante función: la función jurisdiccional.Teniendo presente ejemplos que se dan en otros países, alguien pensó en la creación de un Ministerio de Justicia, a quien se le encomendaría precisamente, esa actividad administrativa. Como ejemplo, se citan el caso de variospaíses que han creado Ministerios de Justicia con esa finalidad, como los casos de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Cuba, Argelia, España, Francia, Italia y Japón. Sin embargo, en Uruguay, una solución de esa naturaleza no es posible ni es constitucional, atendiendo a loprevisto en el art. 239 de la Constitución,que significaría una abierta violación del principio de separación de poderes.
Ahora se vuelve con el mismo tema, pero en este caso se es más específico pues se dice que el Ministerio de Justicia tendría a su cargo todo lo referente a nuestro sistema carcelario. Es decir, el Instituto Nacional de Rehabilitación desaparecería como tal, y toda su competencia sería trasladada al Ministerio de Justicia a crease. En una entrevista que le hicieran al Ministro Alberto Heber, este señaló que “a nivel personal” está de acuerdo con la creación de un nuevo ministerio, pero que eso está “en un mundo de lo ideal”; debido a que “actualmente los recursos están destinados a lo social con especial énfasis al más desprotegido”,agregado que “Uruguay tiene sus limitaciones y tenemos que adecuarnos a las mismas”. Si se analizan las opiniones de los voceros de todos los partidos políticos sobre el tema, parecería en principio que habría acuerdo con la propuesta. Es más, contradiciendo al Ministro Heber, el Dr. Andrés Ojeda afirmóque no hace falta más plata para eso porque “las cárceles ya tienen presupuesto propio”, por lo que es “simplemente reubicar” dichos fondos, y si no se ha hecho hasta ahora es “por falta de voluntad política”.
Más allá de que esta diferencia de opinión sorprende, no se si no resulta desproporcionado, crear un Ministerio con la sola finalidad de tener exclusiva competencia en nuestro sistema carcelario. Parecería una opción demasiado simplista, salvo que el tema tenga otra envergadura jurídica y política, y se incluya una completa reestructura del sistema carcelario, desde el punto de vista político, social, económico y logístico, que abarque la atención de los reclusos desde su ingreso al establecimiento carcelario, su permanencia en él, y la atención durante un tiempo adecuado, luego que sale en libertad, para su real inserción en la sociedad. Si así fuera, entonces sí valdría la pena pues se estaría cumpliendo con el inciso final del art. 26 de la Constitución, en cuanto las cárceles deben asegurar a los procesados y penados, su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito.Pero eso va a costar mucho, y no se arregla con una simple reubicación de fondos.
