Dr. Fulvio Gutiérrez
El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para crear, en el Archivo General de la Nación, una sección destinada a reunir todos los documentos en manos del Estado, relativos a las violaciones a los derechos humanos durante el pasado reciente. El proyecto, que tiene solo cuatro artículos, complementa la Ley No. 18.435, 12/12/ 2008, que creó el Archivo Nacional de la Memoria y dispone en su artículo primero, la creación de una sección dentro del Archivo General de la Nación, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, “destinada a reunir, organizar y conservar los documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos”. En el segundo artículo, que es el más importante, determina que el acceso a ese contenido “será libre, sin perjuicio del mantenimiento en reserva de los datos de la vida privada y el entorno familiar de los individuos, así como la información considerada sensible o que pueda afectar a terceros”. Es decir, cualquier persona puede acceder, a toda esa información del pasado reciente, que hasta ahora está reservada, lo que constituye, como lo señalara el Ministro de Defensa Nacional, Javier García, la reafirmación de una política de transparencia al permitir el acceso universal a una información relacionada con la época más negra vivida por nuestro país en el siglo pasado.
Constituye, también, un paso adelante en la conocida idea de “Verdad y Justicia”, que tanto ha pregonado la izquierda uruguaya, y sobre lo que tan poco consiguió durante sus tres períodos de gobierno. Nadie puede dudar que para que haya “Justicia”, tiene que haber “Verdad”, y que para que haya “Verdad”, se debe conocer toda la información que muchos tienen y que ocultan impunemente. Porque “Verdad y Justicia” debe dejar de ser un eslogan vacío, y se debe transformar en un elemento fundamental en la reconciliación nacional, porque, en definitiva, es un acto de Justicia en sí mismo.
La reacción de la izquierda fue sorprendente. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, como es su estilo, reaccionó rápidamente cuestionando la iniciativa porque no le parecía bien que cualquier persona pudiera acceder a información personal de aquellos que fueron víctimas del terrorismo de Estado, porque “a las víctimas del terrorismo de Estado hay que cuidarlas, no exponerlas”. Es que Pereira no había leído el proyecto de ley propuesto, en cuanto establece en su art. 2º Que se mantiene en reserva los datos de la vida privada y el entorno familiar de los individuos, así como la información considerada sensible o que pueda afectar a terceros; y que el literal d) del art. 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública, obliga a mantener en reserva a los temas que afecten la dignidad humana, o que estén vinculados a menores o a datos de la vida íntima. Por su parte, la asociación de ex presos políticos “Uruguay Crysol”, emitió un comunicado expresando su malestar” por el proyecto, por razones similares a la del Presidente del Frente Amplio, sin tener en cuenta las limitaciones que jurídicamente existen en nuestra legislación vigente y en la propia propuesta.
Como señaló el Ministro García, el gobierno entiende que el conocimiento de la verdad total que tiene archivos que no tienen acceso público general, puedan tenerlo sin intermediarios, sin ediciones, “sin nadie que me diga qué puedo leer y qué no puedo leer”. “Vamos a pasar de una situación en la que lo normal es la reserva y la excepción es la publicidad, a que lo normal sea que sean públicos y la excepción sea la reserva”. Como debe ser. Por eso es tan sorprendente la reacción de la izquierda.
