Por Psicóloga Sexóloga Myriam Puiggrós.
El tema de la violencia obstétrica ha ganado relevancia debido a la creciente conciencia sobre los derechos de las mujeres durante el embarazo y el parto. Se define como el trato irrespetuoso, denigrante, deshumanizado o violento que sufren las mujeres durante el proceso de atención médica relacionado con el embarazo, el parto y el postparto. Esta forma de violencia puede manifestarse de diversas maneras, como la falta de información adecuada, la negación de atención médica, la realización de procedimientos sin consentimiento informado, la aplicación de tratamientos dolorosos e innecesarios, la ridiculización o el menosprecio hacia las mujeres durante el parto, etc. Este tipo de violencia, como muchas otras, suele ser invisibilizada o naturalizada por su frecuencia y la desigualdad desde la que se ejerce. Se presenta en los lugares que prestan servicios médicos y se da en todas la esferas de la sociedad. Constituye una discriminación de género y una violación de los derechos humanos. Cuando la mujer va a parir, lo hace atravesada de muchas emociones. Si se trata del primer hijo/a esto está potenciado. No sólo la mujer, sino él o la acompañante, se encuentran a merced de la atención que le dispensará el personal de turno en la institución de salud. ¿No deberíamos poder confiar en un trato siempre respetuoso y acorde a lo que la mujer verdaderamente necesita? Sólo debería ocurrir aquello que es imponderable, pero no a causa de la desidia y/o prepotencia de quienes en ese momento deben ser agentes de salud protectores. Forma parte de la violencia obstétrica: Cesáreas innecesarias, medicalización, aceleración del parto o su demora sin beneficios para la mujer, obstaculizar el apego, abuso de prácticas invasivas, episiotomías generalizadas, frases descalificadoras y humillantes, violencia psicológica, etc. Ejemplo de frases: “eres de las que no dilata”, “tus contracciones son una porquería”, “el próximo ginecólogo de guardia las liquida a todas antes del mediodía”, “todas parieron y a ninguna le pasó nada”. Está última frase la escuché en un noticiero a la mujer que junto a su pareja están realizando la denuncia a la institución que la mal atendió. Esta persona dijo haber estado 25 horas en trabajo de parto, con dolores insostenibles, recibiendo frases inauditas y finalmente perdiendo a su hija. La violencia obstétrica afecta negativamente la experiencia de las mujeres durante uno de los momentos más importantes de sus vidas y puede tener consecuencias graves para su salud física y emocional. Es fundamental reconocer que esta violencia no solo afecta a las mujeres, sino también a sus familias y a la sociedad en su conjunto. Al perpetuar prácticas violentas en el ámbito de la atención obstétrica, se refuerzan estereotipos de género y se perpetúan desigualdades sociales. Cuanto menos conocimiento tiene una mujer y su familia de sus derechos, más vulnerados podrán ser los mismos sin consecuencias para el agresor/a. Sabemos actualmente de parejas o familias que están librando juicios contra servicios de salud que han cometido este tipo de violencia grave. La sociedad debe acompañar la exigencia del esclarecimiento de cada hecho denunciado. Que ya no pueda nadie, ni institución de salud pública o privada, ni profesionales de la salud, ampararse en la impunidad que ha brindado hasta hoy el silencio y la complicidad. Contamos con leyes y manuales de buenas prácticas para la mejor atención que indican claramente lo que no se puede hacer y el tipo de atención de calidad que debe brindarse. Las políticas públicas que promuevan la capacitación del personal médico y no médico en materia de derechos humanos, género y violencia obstétrica, son muy importantes, así como una formación en bioética fomentando la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones sobre su atención. En la legislación uruguaya, la violencia obstétrica es mencionada y abordada en la Ley N° 19580. Dicha ley la identifica como una forma de violencia a las mujeres basada en el género. La ley en defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva se refiere al parto humanizado y lo que este implica. El Ministerio de Salud Pública publicó una guía de recomendaciones sobre prácticas y actitudes en la asistencia del embarazo y nacimiento institucional (2018). Esta ley reconoce la importancia de garantizar una atención médica respetuosa, libre de violencia y basada en el enfoque de derechos humanos. En caso de que una mujer sea víctima de violencia obstétrica, puede denunciar estos casos y exigir el respeto a sus derechos como usuaria del sistema de salud, respaldada por esta ley. Es necesario un espacio seguro donde las mujeres puedan denunciar y recibir el apoyo necesario para enfrentar esta situación. Esto implica establecer mecanismos efectivos de denuncia y sanciones para quienes perpetúen estas prácticas violentas. Como sociedad debemos ser conscientes de esta problemática que requiere atención urgente para erradicarla y apoyar a las mujeres en el ejercicio de sus derechos durante el embarazo y el parto. La empatía y la sensibilidad hacia sus experiencias son fundamentales para construir una cultura de respeto y cuidado en el ámbito de la salud materna. Es mediante el trabajo conjunto de instituciones, profesionales de la salud y la sociedad en general que podremos construir un futuro en el que todas las mujeres puedan vivir su maternidad en condiciones de dignidad y bienestar.
