Sobre la situación fiscal de Uruguay

Joaquín Forrisi
Para Estudio Signorelli&Altamiranda
En el actual escenario, Uruguay enfrenta un déficit fiscal efectivo de aproximadamente 4 puntos del PBI, cifra similar a la registrada en 2019 en términos absolutos. No obstante, dos diferencias fundamentales marcan la coyuntura actual.
En primer lugar, al compararse con otros países de la región en 2019, Uruguay estaba rezagado en indicadores macroeconómicos. En 2023, a pesar de mantener un déficit fiscal igual al de 2019 tras la pandemia de la COVID-19, la situación relativa ha mejorado. Uruguay ya no lidera en inflación y sus niveles de deuda pública son comparables con los de sus pares, reflejando una mayor similitud comparativa.
La segunda diferencia crucial es la evolución del déficit fiscal estructural, que considera el potencial a largo plazo de la economía, excluyendo factores cíclicos. Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en 2019, este déficit estructural era del 4%, mientras que en 2023 se ha reducido al 2,7%. Indicando que, en términos relativos, la situación fiscal de Uruguay es más favorable en 2023 que en 2019.
En el sistema político uruguayo, hay conciencia sobre la importancia de la estabilidad y sostenibilidad de las cuentas públicas. Sin embargo, el gasto estatal sigue un patrón cíclico con el ciclo electoral, algo a considerar en 2024. Históricamente, excluyendo el Gobierno de Dr. Jorge Batlle, el déficit fiscal tiende a aumentar en promedio un 0,8% en los años electorales.
El próximo año y la próxima administración deberán prestar especial atención a la situación fiscal. Aunque no alcanza niveles alarmantes, se requieren ajustes precisos y cuidadosos.
Aumentar la carga tributaria no parece ser la vía más adecuada, dado que ya se encuentra en niveles elevados. Es crucial enfocarse en la racionalización de gastos, especialmente en áreas no prioritarias, mientras se atienden aspectos fundamentales como salud, educación, ciencia y tecnología.
Uruguay, consciente de estos desafíos, deberá implementar medidas que garanticen la estabilidad fiscal y promuevan el desarrollo económico y social.