Por Pablo Vela
Cuando un gobierno promete en campaña que “no va a crear nuevos impuestos”, está firmando un contrato moral con la ciudadanía. Esa promesa se vuelve todavía aún más sensible cuando el electorado al que se le promete semejante premisa atraviesa momentos de pérdida de poder adquisitivo y una economía que no termina de despegar para la mayoría, según datos objetivos en algunos casos y en otros según las palabras de políticos sin escrúpulos. Por eso, lo que está ocurriendo con el proyecto de Presupuesto Nacional que el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento es, como mínimo, preocupante.
El “cuento” oficial es que “no hay impuestos nuevos”, sino “extensiones de impuestos ya existentes”. Una forma elegante (y cínica) de evitar reconocer lo obvio: sí se están creando nuevas cargas impositivas para sectores que antes no las pagaban, y eso, le pese a quien le pese, es un impuesto nuevo.
• Se aplicará IVA a compras al exterior vía plataformas como Temu, Shein o AlipExress, compras que estaban bajo un régimen de franquicia hasta US$ 200. Ahora el consumidor común, el que busca precios bajos porque no le alcanza para comprar localmente, pagará 22% más. ¿Eso no es un nuevo impuesto? Técnicamente quizás no, pero en la práctica, sí: vas a pagar algo que antes no pagabas.
• Se crea el Impuesto Mínimo Global para multinacionales, en línea con estándares OCDE. Aunque afecta solo a grandes grupos empresariales, es objetivamente una figura tributaria nueva en Uruguay. No es un parche ni una extensión: es un impuesto nuevo, guste o no.
• Se ajustan descuentos y exoneraciones del IMESI, lo que también impacta en precios finales. Para la población, no importa si lo que sube es un “descuento reducido” o un “gravamen ajustado”: el resultado es que termina pagando más.
Lo más llamativo de todo esto no es la política tributaria en sí (que puede tener argumentos técnicos válidos) sino la forma en que se presenta ante la ciudadanía. El gobierno juega con las palabras como si fueran piezas de ajedrez: no “creamos” impuestos, los “extendemos”; no “subimos”, los “readecuamos”.
Esa ambigüedad, lejos de ser técnica, es política. Y también es profundamente deshonesta.
El discurso de que “no es un nuevo impuesto” no consuela a la familia que importa útiles escolares más baratos desde el exterior. No consuela al pequeño emprendedor que ahora tiene que ajustar precios por aumentos en insumos importados. No consuela a nadie que ya siente que todo sube menos el sueldo.
Y mientras tanto, el Estado sigue gastando sin una señal clara de austeridad estructural. ¿Dónde está el esfuerzo compartido? ¿Dónde están las señales de que el gobierno también ajusta su propio cinturón antes de meterle la mano en el bolsillo al ciudadano?
Decir que no se están creando nuevos impuestos cuando la gente empieza a pagar más es jugar con fuego. Lo técnico no borra lo ético. Las palabras no pueden seguir usándose para maquillar lo que, a los ojos de la ciudadanía, es evidente: hay nuevas cargas impositivas, y se está faltando a una promesa central de campaña.
El gobierno debería hablarle con más claridad y humildad a la gente. Admitir que las circunstancias cambiaron, explicar por qué se toman estas decisiones, y sobre todo, asumir el costo político de haber roto una promesa, en lugar de esconderse detrás de tecnicismos.
Porque al final, la cuenta no la paga el Ministerio de Economía. La paga la gente.
