Por Pablo Vela
En Salto ya no se vive con la misma tranquilidad que hace una década. Las estadísticas pueden matizarse, pero la percepción ciudadana es clara: robos más violentos, consumo problemático de drogas, barrios inseguros, y una creciente sensación de que el Estado llega tarde o llega mal. Pero el reciente atentado contra la Fiscal de Corte Dra. Mónica Ferrero es más que un punto de inflexión: es una señal gravísima de hasta donde puede llegar la impune delincuencia si no se actúa con decisión.
Que un grupo armado ataque el domicilio de la máxima autoridad del Ministerio Público, con disparos y posible colocación de un explosivo, no solo es un acto mafioso, sino un intento de golpear el corazón mismo de la justicia. Que haya ocurrido en un país como Uruguay y que aún cueste dimensionar su impacto, es también una muestra del acostumbramiento al deterioro institucional y social.
Lo que pasó con Ferrero no ocurrió en Salto pero sí resuena con fuerza en los salteños. Acá también hay policías que se sienten solos y vecinos que eligen no denunciar por miedo. Acá también hay barrios donde los narcos conocen mejor las calles que el propio Estado.
Existen zonas del departamento donde se han vuelto frecuentes los tiroteos, las bocas de droga, los robos a mano armada. Lo que antes eran peleas barriales, hoy son ajustes de cuentas. Lo que antes era rapiña, hoy es crimen organizado.
La pregunta ya no es si hay inseguridad, sino si tenemos las herramientas reales para revertirla.
El atentado contra Ferrero es doblemente alarmante: no sólo por lo que implica, sino por a quien tiene como blanco. Ferrero no es una fiscal más. Es una de las figuras que ha investigado narcotráfico internacional, lavado de dinero, y casos complejos que involucran a redes poderosas, dentro y fuera del país. Si una persona con ese nivel de respaldo institucional no está a salvo en su casa, ¿qué queda para los ciudadanos comunes en barrios periféricos de Salto?
La violencia no distingue entre jueces, comerciantes o adolescentes. Pero lo más peligroso es que empiece a instalarse la idea de que es normal. Que vivir con miedo es parte del juego. Que mejor no meterse. Que denunciar es perder el tiempo.
En Salto, como en otras partes del interior del país, los vecinos piden más que declaraciones políticas. Quieren presencia policial real, patrullaje nocturno, fiscales accesibles, operativos, etc. Quieren prevención, pero también justicia rápida. Y sobre todo, quieren que el Estado vuelva a marcar el territorio. Porque hoy, en muchas zonas, lo marca la delincuencia.
La respuesta al atentado contra Ferrero no puede ser simbólica. Tiene que ser estructural. Hay que blindar la independencia de los fiscales, mejorar su seguridad, profesionalizar la policía y dotar de recursos a la Justicia. Pero también hace falta voluntad política para ir hasta el hueso del problema: atacar las redes criminales, recuperar los territorios olvidados y devolverle a la gente algo tan básico como el derecho a no tener miedo. Esa voluntad no existe, parece no existir, salvo la contundencia del senador Zubía al pedir presencia del Estado en las zonas “calientes”; el Gobierno aun cuando los resultados continúan siendo negativos se mantiene apático.
El atentado a Ferrero debería ser una señal de alarma. Una alerta roja. No solo en Montevideo.
El desafío es enorme. Pero la inacción sería imperdonable.
