Andrés Torterola
Fernando Prego, actual presidente de la Asociación de Funcionarios de Primaria (AFUPRIM), señaló en entrevista con CAMBIO que el preacuerdo firmado el pasado 29 de agosto en la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA) junto a los demás sindicatos de la educación —FENAPES, ATES, ADES y AFUTU— y representantes del Poder Ejecutivo, dejó al descubierto un escenario que no esperaba.
RESTRICCIONES
Según explicó, durante aquellas negociaciones no imaginaba que existirían tantas restricciones y limitaciones respecto a los planteos realizados por los trabajadores. Prego recordó que varias de las autoridades que hoy ocupan cargos de relevancia en los organismos educativos, en el pasado acompañaron las movilizaciones sindicales por la Avenida 18 de Julio y en distintos departamentos del país. Mencionó específicamente a Elbia Pereira y Pablo Caggiani, dos figuras históricas del magisterio que actualmente cumplen otros roles institucionales. Si bien entiende que deben resguardar los intereses de los organismos que representan, afirmó que resulta llamativo que aquellas mismas reivindicaciones que antes defendían activamente, hoy sean objeto de recortes o restricciones.
CADA DOS AÑOS
Para Prego, esta situación genera preocupación entre los trabajadores y abre la puerta a un debate necesario sobre coherencia, compromiso y prioridades dentro del sistema educativo. Señaló que, en un comienzo, las autoridades propusieron firmar un acuerdo que abarcara todo el quinquenio, planteo que fue interpretado por los sindicatos como un verdadero disparate. Explicó que un compromiso de esa duración dejaría sin margen para continuar negociando o para establecer nuevos acuerdos en caso de que la situación económica del país mejorara. “Si Uruguay crece en dos o tres años, con un convenio congelado por cinco años también quedaría congelado el salario”, advirtió. El principal logro de los sindicatos fue que se mantuviera la posibilidad de renegociar en septiembre de 2027, es decir cada dos años y no cada cinco como pretendía el Poder Ejecutivo. De todos modos, señaló que persiste una gran incertidumbre financiera, especialmente durante los primeros dos años de gobierno.
AUDITORÍA URGENTE
El sindicalista afirmó que la Dirección de Educación Primaria inició su gestión en este gobierno con un déficit presupuestal de 200 millones de pesos. Como presidente de AFUPRIM, Prego sostuvo que resulta indispensable realizar una auditoría de forma urgente, ya que durante el quinquenio anterior —marcado por dos años de pandemia— se generaron ahorros que en condiciones normales serían imposibles. Recordó, por ejemplo, que durante ese período las escuelas no utilizaron el servicio de barométrica, no se realizaron aportes a las comisiones de fomento y se redujeron otros gastos operativos habituales. “En ese contexto, es necesario preguntarse qué pasó con ese dinero”, agregó Prego, enfatizando la necesidad de transparencia y claridad en la gestión de los recursos públicos.
