Por Gustavo Varela
Siempre se dice que el año comienza realmente luego que llega el último de los ciclistas de la Vuelta al Uruguay, la que otrora llegaba a Salto y hoy ya ni eso nos queda.
Sin embargo, el 2025 viene bastante movido, tanto por las elecciones departamentales a desarrollarse el 11 de mayo, como también por bombas que comienzan a explotar, y no precisamente por el gobierno anterior.
Comentando ésta última, nos enteramos que quien es la principal de las políticas de viviendas en nuestro país, la Ministra Cairo, hace 20 años que funge como funcionaria pública, con sueldos poco magros como los últimos 5 años como diputada, y actualmente en la cartera de Vivienda, y luego que la descubren que no paga sus impuestos, nos dice que no era su prioridad hacerlo (¿?) y que optó por gastar sus voluptuosos ingresos, en otras cosas.
Si bien, es realmente una barbaridad la explicación ensayada, y merece ser separada del cargo por decisión presidencial, desnuda también un problema por el que Uruguay debe de trabajar fuertemente, para desactivar las dificultades que a la gente se le va poniendo por el camino, con cada trámite que tiene que realizar con el estado, llámese tanto gobierno nacional como departamental.
Y voy a poner un ejemplo ocurrido hace 2 años con la Intendencia de Salto.
En carácter de propietaria de un inmueble, una señora comienza a arreglar su vereda, como parte de la responsabilidad que los propietarios tienen.
Eso sí, para llevar a cabo dicho arreglo, lo quiere realizar, cumpliendo con las normas que indican que tiene que solicitar autorización a la Intendencia, pagando lo que haya que pagar, y culminando con la habilitación correspondiente por la autoridad departamental, como corresponde.
El cumplir con las normas le significó un sinfín de dolores de cabeza.
Tuvo que pasar por un sinfín de “comité de dificultades”, concurriendo muchísimas veces a la Intendencia, perdiendo dinero y tiempo, (este último lo más valioso), que le llevó a pensar, que es mal negocio cumplir la ley.
Si leyeron bien, es un mal negocio cumplir con la ley, por la cantidad de regulaciones que impone el estado, en este caso el gobierno departamental.
Tenemos que ser capaces de tener equipos de gobierno, que dejen de pensar en cómo preservar el poder, y que comiencen a pensar en la sociedad, y las peripecias que atraviesan los contribuyentes por cumplir con las engorrosas normas que se van creando, y que sólo se las hacen cumplir (o padecer) a aquellos que quieren hacer las cosas bien, dejando sin control ninguno, aquellas situaciones que por desidia, intencionalmente, o priorizando derechos sobre deberes no lo hacen.
Claro que para eso se precisa gente que piense en el gobierno, algo que es muy escaso hoy día.
