Por Pablo Vela
En Uruguay se habla con frecuencia del bienestar, la calidad de vida y el desarrollo humano, se nos presenta como un país modelo en la región. Sin embargo, hay un terreno en el que seguimos fallando: la salud mental.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en que “a pesar de la creciente demanda, muchas personas siguen sin disfrutar de servicios de salud mental de calidad. Estas nuevas orientaciones brindan a todos los gobiernos las herramientas necesarias para promover y proteger la salud mental”.
En sus datos regionales, la OPS informa que solo el 2?% del presupuesto sanitario se destina a salud mental, pese a que más de un tercio de la discapacidad en las Américas radica en los trastornos mentales
En Uruguay, la Ley de Salud Mental de 2017 prometía redes comunitarias y un enfoque preventivo. Ocho años después, los recursos no llegan: apenas se asigna un 2?% del presupuesto total del MSP a este rubro, muy por debajo del mínimo del 5?% recomendado por la OMS. Según Wilson Benia, consultor de la OPS: “El gasto medio de los servicios de salud mental en la región representa sólo 2% del gasto público en salud; ya sabemos, probado está, que con dispositivos hospitalarios no se generan respuestas adecuadas”.
La ausencia de previsión se traduce en cifras desoladoras. En 2023 hubo 754 suicidios en Uruguay (21.1 por cada 100?000 habitantes), un alivio leve tras el récord de 818 en 2022, pero aún alarmante. El 75?% fueron hombres, y los adultos mayores representan el 32?% de las víctimas.
El ex subsecretario José Luis Satdjian comentó en su momento que trabajaron en registrar intentos y priorizar atención, pero reconoce que “hay demoras y tiempos de espera”, de las autoridades actuales poca información encontramos.
El Estado ha dado tímidos pasos: amplió la cobertura psicoterapéutica hasta los 30 años, eliminó copagos de antidepresivos comunes y avanza en telemedicina en zonas rurales mediante un plan piloto en Río Negro
Además, el proyecto de Rendición de Cuentas para 2024 reservó unos 60 millones de pesos para nuevos cargos en adicciones y 85 millones para salud mental y efectos psicoemocionales
Pero, sin una estrategia nacional, multidisciplinaria y sostenida, siguen primando los movimientos reactivos sobre las inversiones preventivas.
La evidencia es clara: por cada dólar invertido en tratamientos efectivos contra ansiedad o depresión, se recuperan hasta cuatro en productividad y bienestar social. No se trata solo de una obligación de derechos humanos, como recuerdan la OMS y la OPS, sino también de una decisión inteligente de inversión pública y desarrollo social.
La situación en el interior del país es todavía más grave. La atención es desigual, con demoras interminables, escasez de profesionales y nula presencia de dispositivos comunitarios. La salud mental, en muchos departamentos, es un lujo al que solo accede quien tiene medios económicos o vive cerca de una capital. Es loable el trabajo de los pocos operadores que luchan con pocas herramientas igualmente ante el flagelo que no descansa ni un segundo pero la realidad es que no alcanza.
A esto se suma la falta de campañas educativas, de formación profesional con enfoque comunitario, y de políticas públicas que integren el tema en la educación, el trabajo y la vida cotidiana. Seguimos tratando los problemas de salud mental como cuestiones individuales, sin abordar las condiciones estructurales que los generan: pobreza, aislamiento, violencia, exclusión.
Uruguay necesita, en serio, enfrentar su deuda en salud mental. No basta con discursos bienintencionados: hacen falta compromisos concretos, recursos redistribuidos del modelo hospitalario al comunitario, formación profesional y campañas nacionales. Esta no es una opción: es una urgencia. Porque no puede haber salud sin salud mental. Y no puede haber futuro sin previsión.
