Por Cecilia Eguiuz
El próximo 1º de marzo la Intendencia de Salto y de la Junta Departamental van a clausurar importantes emprendimientos salteños.
El sector de comercialización hortofrutícola y decenas de productores van a recibir un gran golpe, unas 120 familias van a quedar afectadas en forma directa, 6.500 metros cuadrados techados van a quedar para tapera, varias cámaras de frío se van a apagar y es probable que muchos empresarios decidan cerrar definitivamente y no seguir apostando a un departamento donde el propio sistema político los clausura.
No solo se trata del derecho a trabajar, se trata del abuso de autoridad, porque con una decisión totalitaria la Intendencia y la Junta Departamental por el Decreto 7572 de noviembre de 2023, clausuran empresas, cerrando fuentes de trabajo que funcionan correctamente.
Me involucré en este tema a través del amigo Dr. Gustavo Blanco, pilar de nuestra agrupación, que cuando me lo planteó no salía del asombro y yo tampoco, es así que desde diciembre venimos trabajando de cerca a los operadores, sobre todo él. Es notoria la preocupación que existe por los efectos de esta decisión inconsulta y arbitraria, nadie avisó que deliberadamente iban a cambiar las reglas de juego. Los galpones de acopio y venta estaban habilitados hasta el año 2030 y adelantaron la fecha al 1º de marzo de 2024. También los sorprendió la ampliación de la zona de exclusión, que NO permite a nadie más trabajar en el rubro.
Debemos decir, que en Salto somos todos bastante cómodos, porque cuando las cosas no nos afectan directamente miramos para el costado, pero hay que despertar, porque así como están clausurando hoy a estas empresas, mañana nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Este gobierno de Lima demuestra ser totalitario una vez más, lo cual no sorprende, pero, lo que a mí sí me sorprendió es que los Ediles del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Colorado hayan acompañado al intendente Lima para clausurar estas empresas. No escuchando a los empresarios, emprendedores y productores salteños.
El argumento es que deben inaugurar la Central Hortícola del Norte, cortar la cinta y sacarse la foto, a lo cual nadie se opone y ojalá funcione eficientemente porque si funciona la gente hará cola para ingresar. Pero, la realidad es que las instalaciones de la CHN hasta el momento no son las adecuadas para instalar en ese espacio de 3500 metros cuadrados, a 45 puestos como dicen tener, más estos emprendimientos que clausuran que tienen 6.500 metros cuadrados techados. Es algo ilógico, irracional lo que están haciendo y por más legítimo que sea el Decreto, lo cierto es que va generar un perjuicio tan grande que otros gobiernos que vengan tendrán que pagar los platos rotos, pero en el proceso más empresas van a cerrar.
Acompañé a los productores a la reunión con el Ministro de Ganadería Ing. Fernando Mattos, la cual fue gestionada por el Senador Guido Manini Rios. El Ministro mostró su preocupación por el problema, explicando que su cartera se incorporó en este proyecto, que es de Salto, con la intención de apoyar en favor de todos los operadores del sector ya sean productores o acopiadores. Se mostró sorprendido por esta conminación del gobierno departamental y confirmó que su cartera nunca había presionado para apurar los tiempos, por el contrario, hicieron observaciones al proyecto y procuraron siempre aportar para los mejores resultados.
Es así, que se confirma lo que pensábamos este problema es netamente generado por la Intendencia y la Junta Departamental. Con el levantamiento del receso de esta última, y ante la negativa de solución de la intendencia, se pidió reunión urgente al Presidente y a los coordinadores de bancada.
A mi entender el gobierno departamental debería dejar sin efecto en forma urgente cualquier decreto que determine plazos para la zona de exclusión, así como las sanciones pecuniarias, dejando vigente el decreto 6.4111/2009 y generando situaciones ventajosas para que voluntariamente se produzca el trasiego de empresas hacia la CHN desde ahora hasta 2030.
