Dr. Fulvio Gutiérrez
La Fiscalía General de la Nación, es el órgano encargado de dirigir la investigación de los delitos, así como de ejercer la acción penal pública. Creada originalmente, el 28 de octubre de 1907 mediante la ley Nº 3.246, estuvo ligada a la denominada Alta Corte de Justicia. Posteriormente, se la pasó a la órbita del Poder Ejecutivo, primero bajo la dependencia del Ministerio de Instrucción Pública, que con posterioridad se transformó en el Ministerio de Educación y Cultura.
En el año 2015, con la promulgación de la ley N.° 19.334, se le dio la naturaleza jurídica de Servicio Descentralizado y en enero de 2017, en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 19.483, se le otorgó una mayor autonomía administrativa y jurídica, disponiéndose que “ejercerá sus funciones con autonomía funcional, sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura, sin perjuicio de las facultades de contralor consagradas en los artículos 197 y 198 de la Constitución de la República y de lo dispuesto en el artículo 4°, de la Ley N° 19.334, de 14 de agosto de 2015”.
El jerarca máximo de este organismo, es el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación. Es designado por el Presidente de la República, con venia de la Cámara de Senadores, o de la Comisión Permanente en su caso, por mayoría de los tres quintos de sus componentes, conforme a lo que establece el art. 168 Nral. 13, de la Constitución de la República. En esta nueva organización de la Fiscalía, su primer jerarca fue el Dr. Jorge Díaz pero, ante su renuncia, fue designado Fiscal de Corte interino el Dr. Juan Gómez, y ante la licencia de éste por problemas de salud, fue designada, también en forma interina, la Dra. Mónica Ferrero, quien actualmente está al frente del órgano, sin perjuicio de continuar cumpliendo su función como fiscal de asuntos vinculados con los estupefacientes. Estas normas, complementadas con la última reforma del Código del Proceso Penal, que instituyó el sistema acusatorio en materia penal, le ha dado a la Fiscalía General de la Nación, poderes amplísimos, que la han transformado en la “vedette” de nuestro sistema procesal, quedando el Poder Judicial, en una especie de segundo plano, lo que estimo inaceptable.
Y, como consecuencia, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Cuando se permite a un órgano actuar fuera de límites suficientemente precisos sus titulares corren el riesgo de sobrepasarlos, porque el ser humano, en general, está predispuesto a sentirse superior. Es la aplicación de aquella frase que dice, “si quieres conocer a una persona, dale poder”. Los reclamos y las críticas de los diversos operadores jurídicos y de la sociedad en general, comenzaron a reflejar la existencia de innumerables falencias de diversa naturaleza y magnitud. A simple vía de ejemplo, las instrucciones que dieron algunos jerarcas empezaron a ir más allá de su naturaleza propia, lesionando la independencia técnica de los fiscales.
Se empezaron a notar preferencias en la distribución de determinados asuntos; el exceso de trámites desbordó a los fiscales más allá de sus posibilidades humanas; los contralores empezaron a fallar y surgió lo que hoy es tema reiterado de todos los días, como las “filtraciones” de actuaciones que se dilucidaban en el ámbito de las audiencias; esto trajo entonces acusaciones dudosas sobre quien o quienes cometían esas filtraciones que aparecían, un día sí y otro también, en los medios de comunicación. Los representantes de los medios se constituían en la puerta de la fiscalía con sus cámaras y sus micrófonos, para interrogar a los fiscales que salían o entraban del edificio, en forma hasta agresiva; algunos fiscales, daban la sensación que les gustaba salir en la tele diariamente; y lo peor, comenzó a constatarse que la Fiscalía se estaba politizando.
Entonces, como se dice vulgarmente, se “pudrió todo”. Hoy por hoy, el problema no es solo político, sino político y partidario, y las influencias de acuerdo a los asuntos y sus protagonistas, en verdad nos lesionan gravemente, y nos resultan inaceptables e intolerables como personas vinculadas al Derecho. Urge modificar esto, aunque a la “clase política” no le guste. Se sabe que hay proyectos en ese sentido. Se sabe también que durante este año nada va a pasar, porque estamos en un año de elecciones. Se sabe sí, y se siente en lo más íntimo, que lo que está pasando es una vergüenza. No olvidemos que, en una democracia como la uruguaya, un Poder Judicial fuerte y una Fiscalía técnica y objetiva, son esenciales.
