Estudiantes de Trabajo Social de la Udelar detectaron barreras que impiden a Salto ser una ciudad inclusiva

La accesibilidad debe ser pensada en términos de derechos, comprendiendo que todas las personas deben poder transitar por el territorio que habitan sin barreras u obstáculos que les impidan acceder a servicios básicos que hacen al desenvolvimiento en la vida cotidiana. Por accesibilidad se entiende a “La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad de la forma más autónoma y natural posible. Las estudiantes avanzadas de cuarto año de la Licenciatura en Trabajo Social, dictada en CenUR Litoral Norte Sede Salto, Belén García, Victoria Quintanilla y Lucía Salvetti, realizaron un estudio que reveló datos interesantes sobre el tema.
DERECHOS VULNERADOS
Las estudiantes señalaron que “si se tiene en cuenta esto, se puede deducir que en la ciudad de Salto se deben llevar a cabo importantes esfuerzos para convertirla en una “ciudad accesible”, donde se reconozca y respeten plenamente los derechos y se garantice la inclusión de todas las personas. Esto implica un desafío para la comunidad salteña dado que la ciudad en la actualidad presenta varias barreras en términos de accesibilidad pero también en lo que respecta a cuestiones actitudinales, las cuales se retroalimentan limitando el pleno ejercicio de los derechos de algunas personas. Hay varios colectivos que se ven vulnerados debido a estas barreras”, explicaron. En lo que respecta a las barreras de accesibilidad señalaron que Salto “cuenta con veredas en mal estado, falta de rampas o rampas en mal estado -tanto en las calles como en el acceso a lugares públicos- veredas ocupadas por distintos elementos (cajones, carteles, motos, bicicletas, etc), carencia de semáforos sonoros y señalizaciones poco visibles entre otras cuestiones”.
MARCO NORMATIVO
Por otro lado destacan en su informe que las garantías para el acceso a la ciudad se expresan en marcos normativos tales como la Normativa UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas) que regula y establece lineamientos generales respecto a los requerimientos que deben tener los espacios para ser considerados accesibles.
Además se entiende necesario destacar la convención de derechos para personas con discapacidad en su Art. 9 y la Ley 18.651: “Ley de protección integral de personas con discapacidad la cual enfatiza en la necesidad de garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidad”.
CONCLUSIONES
Señalaron que es necesario continuar trabajando en torno a la sensibilización y concientización de la sociedad, así como la implementación de políticas y acciones concretas que promuevan la accesibilidad y la inclusión en todos los ámbitos. “creemos que solo reconociendo el pleno ejercicio de los derechos se podrá construir una ciudad más justa y equitativa para todas las personas.